dPosta – El escenario frente al Congreso de la Nación, marcado por la tensión del debate de la reforma laboral de Javier Milei, derivó en una presentación judicial que pone bajo la lupa la gestión de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Una denuncia penal por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” señala una serie de irregularidades y omisiones sospechosas durante el operativo del miércoles, centrando el foco en un grupo de siete personas que, a plena luz del día y ante las cámaras de televisión, lanzaron bombas molotov sin ser interceptadas por las fuerzas de seguridad.
La presentación, realizada por el abogado Hernán Martínez Herrero, sostiene que el accionar policial pareció más un encubrimiento que una persecución del delito. Según el escrito radicado en el Juzgado Federal 9, a cargo del juez interino Martín Sebastián Peluso, este grupo violento actuó de manera “perfectamente sincronizada” alrededor de las 15:30, arrojando piedras y explosivos caseros sobre los vallados.
Lo que llama la atención del denunciante —y de gran parte de la opinión pública que siguió la transmisión en vivo— es que, a pesar de estar aislados del grueso de la manifestación, los camiones hidrantes nunca los alcanzaron y los gases lacrimógenos fueron lanzados a una distancia prudencial de ellos, permitiéndoles actuar con total impunidad.
En un giro que añade controversia al caso, la ministra Monteoliva anunció recientemente la identificación de 17 personas acusadas de provocar desmanes. Sin embargo, se ha confirmado que ninguno de los señalados por la cartera de Seguridad integra el grupo de los siete atacantes de las bombas molotov.
Esta desconexión entre la “mano dura” publicitada y la realidad del terreno es lo que el abogado Martínez Herrero califica como “sumamente sospechoso”. El denunciante cuestiona por qué, en un operativo de tal magnitud, los responsables de los actos más peligrosos no han sido detenidos ni identificados hasta el momento.
Terrorismo
Por su parte, la ministra ha optado por elevar la apuesta discursiva, anunciando que denunciará a los manifestantes por “terrorismo” y buscando vincular los incidentes con estructuras de financiamiento y “autores intelectuales”. Para Monteoliva, el uso de bombas molotov representa una intención de generar caos y muerte, una definición que paradójicamente choca con la aparente pasividad de sus subordinados al momento de los hechos. Mientras la funcionaria intenta ligar el vandalismo con organizaciones delictivas en Radio Mitre, la Justicia deberá determinar si hubo una orden deliberada de dejar actuar a los provocadores o si se trató de una falla sistémica en la cadena de mando de las fuerzas federales.