Confirman jubilación de CFK y ordenan decomiso de bienes

La justicia ordenó que Cristina Kirchner vuelva a cobrar su jubilación de 8 millones de pesos. En otra causa, solicitaron el decomiso de 140 propiedades de la expresidenta y Lázaro Báez.

dPosta – La Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto este jueves la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de la ex presidenta Cristina Kirchner por el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner, por lo que la ex vicepresidenta volverá a cobrar esa pensión.

La Cámara resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión por la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010.

Hasta hace dos años, cuando fue suspendida, la pensión rondaba los 8 millones de pesos mensuales.

De todos modos, el Ministerio de Capital Humano interpondrá a través del ANSES un recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

La decisión de la Cámara llegó después de una apelación que la defensa de la ex mandataria había presentado en noviembre del año pasado, después de que la jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, hubiera rechazado una medida cautelar que buscaba frenar la quita del beneficio.

“Se hizo justicia”, dijo Dalbón

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a la ex mandataria en causas civiles, dijo que “se hizo justicia” porque el propio tribunal “fue claro” al consignar que “en esta etapa inicial, el acto administrativo no exhibe un ‘nexo causal claro y suficiente’ entre los motivos invocados y la baja del beneficio.

“En términos simples, el Estado no puede quitar un derecho previsional de naturaleza alimentaria sin una fundamentación sólida, proporcional y jurídicamente consistente”, dijo desde sus redes sociales.

También señaló que es “relevante que la Cámara haya precisado que esta decisión no interfiere con la ejecución penal. Son planos distintos. El derecho previsional no se convierte automáticamente en pena accesoria por voluntad administrativa”, subrayó.

Decomiso de bienes

En otro expediente, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este jueves al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.

“Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.

El rol de la Corte Suprema

A fines del año pasado se conoció que la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la ex presidenta, después de que el TOF 2 solicitara esa medida.

Esa decisión alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: N/A