dPosta – El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) dejó firme la condena contra V. E. F., una docente de nivel inicial que desempeñaba funciones en el Jardín de Infantes Nucleado (JIN) N° 9 de la localidad de Realicó. La resolución confirma que la docente incurrió en conductas de maltrato y castigos inmoderados contra alumnos de apenas cinco años durante el ciclo lectivo 2024.
El fallo, dictado por el juez Filinto Rebechi, no solo ratifica la responsabilidad penal de la docente, sino que impone una sanción económica significativa: 75 días-multa que equivalen a $1.415.775. Además de la multa, se le impuso una prohibición de contacto y acercamiento hacia los niños damnificados por un periodo de seis meses y una amonestación formal en su legajo profesional.
Los hechos
La investigación logró acreditar tres episodios específicos ocurridos en el mes de agosto de 2024, que revelaron un ejercicio abusivo del rol docente. El primero de ellos tuvo lugar el 14 de agosto, cuando la maestra tomó con fuerza del brazo a un niño para aislarlo de sus compañeros, impidiéndole participar del recreo.
Apenas seis días después, el 20 de agosto, se registró un segundo hecho donde la docente castigó a varios alumnos dentro de la sala, obligándolos a sentarse en el piso de forma separada mientras el resto de la institución disfrutaba del aire libre. Según los testimonios, esta situación estuvo acompañada de gritos y discusiones de la docente con otros adultos frente a los menores.
El tercer episodio, el más grave en términos de contacto físico, ocurrió el 21 de agosto. En esta ocasión, la docente tomó a un alumno del brazo, lo empujó con el antebrazo y lo obligó a trasladarse “al trote” hacia otra aula para dejarlo con un grupo diferente.
La prueba y la voz de los niños
Para confirmar la condena, el TIP consideró fundamentales las entrevistas en Cámara Gesell realizadas a los damnificados. Los informes psicológicos determinaron que los relatos de los niños fueron claros, coherentes y acordes a su edad, evidenciando que las conductas de la docente les generaron temor y malestar.
A pesar de los intentos de la defensa por anular el fallo alegando falta de pruebas, el juez Rebechi fue contundente: la acusación estuvo claramente delimitada y la prueba fue analizada de forma integral, incluyendo los testimonios de preceptoras, padres y profesionales del CAE que ratificaron el clima de hostilidad que se vivía en el aula.