dPosta – La jueza de control de General Pico, María Jimena Cardoso, condenó a Carina Anabel Rekofsky, de 48 años, como autora del delito de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude en perjuicio de la Administración Pública, en carácter de delito continuado. La pena fijada fue de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos o empleos públicos en la administración pública de la provincia de La Pampa.
Además, la magistrada le impuso por el término de dos años reglas de conducta que incluyen fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso al juez de Ejecución Penal y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras.
La sentencia se dictó en el marco de un acuerdo de juicio abreviado solicitado por el fiscal general Armando Agüero y el fiscal adjunto Matías Juan, junto a la imputada y su defensor particular, Facundo Rossi. El Ministerio Público Fiscal contó además con el consentimiento de la víctima, en este caso la Administración Pública Provincial, y con la conformidad del médico denunciante.
De acuerdo con las pruebas reunidas en la causa, entre el 28 de enero y el 20 de octubre de 2025 Rekofsky, empleada del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, confeccionó 30 certificados médicos falsos que atribuía a un médico cirujano del mismo establecimiento.
Los documentos, cuya autenticidad fue completamente simulada en cuanto a letra, contenido, firma y sello, indicaban presuntas atenciones médicas del profesional y prescribían reposo por 24 horas o más con distintos diagnósticos. Sin embargo, el médico mencionado no atendió a la imputada en ninguna de las fechas consignadas ni le indicó tratamiento, medicación o reposo.
Según se determinó, la mujer presentó esos certificados en su lugar de trabajo para justificar inasistencias laborales. De esta manera logró que la administración pública provincial le abonara los salarios correspondientes a días en los que no había prestado servicios.
El perjuicio económico ocasionado al Estado provincial fue cuantificado por la Contaduría General de la provincia en $10.890.905,61.
En su resolución, Cardoso señaló que “el engaño indujo a error a las personas encargadas de gestionar las licencias y liquidar los haberes. Como consecuencia de ese error, la administración pública dispuso el pago de salarios correspondientes a días en que la imputada no prestó servicios, generando un perjuicio patrimonial efectivo”.
La magistrada agregó que el accionar de la imputada lesionó dos bienes jurídicos: la fe pública y la administración pública, además de remarcar la continuidad delictiva de las maniobras durante aproximadamente diez meses con el objetivo de justificar las inasistencias laborales para percibir los salarios.
Finalmente, la jueza dispuso notificar la sentencia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.