dPosta – Un grave revés administrativo y ético sacude a la Asociación Civil “Todos por Lucio Abel Dupuy” tras la reciente resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. El organismo de control, mediante las sentencias Nº 2893/2025 y Nº 2894/2025 emitidas el pasado 11 de diciembre, determinó la existencia de irregularidades insalvables en la rendición de cuentas de subsidios otorgados por la Cámara de Diputados de la provincia durante el ejercicio 2023.
El eje de la controversia radica en que fondos públicos, destinados originalmente a la protección de la infancia, terminaron financiando la educación superior privada de una directiva de la propia organización.
La investigación de la Sala II del Tribunal de Cuentas detectó que la asociación presentó facturas de la Universidad Kennedy para respaldar sus gastos. Al analizar la documentación, los auditores constataron que los pagos correspondían a las cuotas de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía que cursa Cinthia Vanesa Dupuy, quien desempeña el cargo de tesorera en la entidad.
El organismo fue tajante en su fallo: los subsidios estatales tienen un carácter estrictamente institucional y bajo ninguna circunstancia pueden ser desviados para beneficios personales, ayudas económicas individuales o becas de estudio para los propios administradores de la ONG.
El monto total de los cargos formulados asciende a 300.000 pesos, desglosados en dos periodos críticos del año 2023. El primer expediente, que abarca de mayo a agosto, arroja un cargo de 220.000 pesos; el segundo, correspondiente al último cuatrimestre del año, suma otros 80.000 pesos.
Además de los pagos universitarios, el Tribunal señaló otras deficiencias administrativas, tales como la presentación de comprobantes emitidos a nombre de terceros y gastos que no coincidían con los periodos temporales de la rendición.
Durante el proceso administrativo, la cúpula de la organización reconoció formalmente la falta. Alegaron un “error” en la interpretación de los fondos y se comprometieron a devolver el dinero al Estado ante la imposibilidad de presentar documentación válida que justificara el uso del capital. Sin embargo, al no haberse concretado el reintegro de manera voluntaria antes del cierre de la auditoría, el Tribunal procedió con la sanción formal.
La responsabilidad legal y pecuniaria recae sobre las tres figuras centrales de la asociación: Lucio Ramón Dupuy (presidente), Matías Exequiel Ursino (secretario) y la propia Cinthia Vanesa Dupuy (tesorera). Los tres han sido emplazados a depositar la suma adeudada en el Banco de La Pampa en un plazo no mayor a diez días. De no cumplirse el pago o de no interponerse un recurso de revocatoria, la causa pasará a manos de la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones legales pertinentes.
Este episodio genera una profunda decepción social, considerando que la Asociación surgió tras el desgarrador crimen de Lucio Dupuy con el noble objetivo de velar por los derechos de los niños y niñas. Hoy, esa misión se ve empañada por un manejo discrecional de los aportes de todos los pampeanos, poniendo en duda la transparencia en la administración de una entidad que nació de la lucha por la justicia.