dPosta – La crisis del Ministerio Público de la Defensa de La Pampa se profundizó en la Cuarta Circunscripción Judicial, donde las defensorías Civil y Penal de Victorica quedaron sin funcionarios a cargo. La escasez de personal, la sobrecarga laboral y las dificultades para garantizar la atención en el oeste provincial exponen un problema estructural que la Asociación de Defensores reclama resolver desde hace tiempo en todo el territorio provincial.
Walter Vaccaro, defensor oficial de General Pico y presidente de la entidad, explicó que la defensora civil sustituta dejó ese puesto para incorporarse a la Fiscalía Penal Juvenil de Santa Rosa, mientras que la defensora penal Soledad Trímboli solicitó una licencia por razones psicológicas al no poder sostener la carga de trabajo.
Trímboli tenía a su cargo ambas dependencias y contaba con una sola persona para atender las demandas. “No daba abasto” y “no podía atender a la gente”, resumió Vaccaro, quien asumió la subrogancia penal, además de sus obligaciones en General Pico.
“Nosotros, desde acá, tenemos más recursos, pero ella no tenía ningún recurso, estaba sola para todo, o sea, para lo civil, para lo penal”, señaló.
La cobertura de Victorica, ubicada a unos 200 kilómetros, también obliga a reorganizar el trabajo. “Si tengo que hacer una audiencia, la tengo que hacer por Zoom, y entrevistar al imputado por Zoom. No me puedo ir a Victorica porque estoy de turno también acá”, explicó.
El defensor recordó que la Cuarta Circunscripción depende materialmente de la Segunda para realizar los juicios orales, porque no cuenta con jueces de audiencia propios. “Los jueces de audiencia de Pico son los que intervienen en Victorica”, indicó.
Juicios abreviados: más causas llegarán a debate
En este contexto, los defensores comenzaron a descartar acuerdos de juicios abreviados en determinadas causas penales y a llevarlas a juicio oral. La alternativa había sido planteada como una posible medida frente a la falta de respuestas a los reclamos, dado que los funcionarios judiciales no pueden realizar medidas de fuerza.
“Lo que sí podemos en la parte penal es garantizarle al imputado hacer un juicio oral, y no firmar más abreviados”, sostuvo Vaccaro. Explicó que esa modalidad permite que un juez analice los planteos de la Fiscalía y de la Defensa y determine la responsabilidad penal con las garantías correspondientes.
La decisión ya comenzó a aplicarse en casos de violencia de género en los que no existe otra alternativa procesal, como una suspensión del juicio a prueba o un principio de oportunidad.
“En estos casos de género, vamos a juicio”, afirmó.
El cambio puede generar un cuello de botella en el fuero penal. En esa línea, Vaccaro advirtió que General Pico cuenta con tres jueces de audiencia para afrontar la acumulación de expedientes.
“Si nosotros no firmamos más abreviados, va a llegar un momento que los tres jueces de audiencia que hay en Pico no van a poder hacer mucho por la acumulación de casos”, alertó. La incidencia de los delitos de género dentro del volumen de causas penales vuelve especialmente relevante el impacto que podría tener esta modalidad de trabajo.
Reclamo de autonomía y recursos
La Asociación sostiene que la solución requiere incorporar personal y garantizar que la Defensa Pública pueda administrar sus propios recursos. Vaccaro recordó que el defensor general Martín Saravia había dispuesto reducir los días de atención en Victorica ante la falta de trabajadores, pero la Procuración General revocó la medida.
“Esas son las cosas que nosotros estamos reclamando desde hace mucho tiempo, que es la autonomía de la Defensa, que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones con nuestro propio presupuesto para decidir qué personal tenemos a cargo o no”, afirmó.
También planteó la necesidad de prevenir el desgaste psicológico de los trabajadores mediante licencias periódicas. “Yo planteé en su momento lo del síndrome de burnout, como una solución que no cuesta plata”, dijo, al proponer jornadas de descanso para aliviar la sobrecarga laboral.
Entre las demandas de la entidad figuran la incorporación de recursos humanos, la autonomía presupuestaria y la jerarquización del organismo. “Que pongan el dinero que hace falta para los recursos humanos que nos faltan y, al mismo tiempo, la pelea por nuestra autonomía y la jerarquización”, reclamó.
Vaccaro cuestionó además la desigualdad entre fiscales y defensores. “Es la única provincia que tiene el sistema acusatorio y no estamos equiparados los defensores con los fiscales, como están en todas las otras provincias”, aseguró.
Por último, denunció que la asociación lleva más de un año sin conseguir una audiencia con el ministro de Gobierno y Justicia, Horacio di Nápoli. “Le pedimos la audiencia y no nos atiende. El único que nos atendió […] fue el Superior Tribunal de Justicia. Ni el Procurador nos atendió”, afirmó.
En la Legislatura, en cambio, mantuvieron reuniones con representantes del FreJuPa, la UCR y el PRO. Según Vaccaro, hubo coincidencias sobre la necesidad de una ley de autonomía para la Defensa Pública, una reforma que consideran central para responder a la crisis que atraviesa el servicio judicial.