dPosta – El Gobierno de La Pampa formalizó esta semana el fin de una era para las finanzas públicas provinciales. A través de la firma del Decreto N° 1911/2025, el Poder Ejecutivo dispuso la extinción definitiva del Fideicomiso de Administración de Cartera Judicial y Morosa, el instrumento financiero creado hace más de 20 años para evitar el colapso y la posterior privatización del Banco de La Pampa (BLP).
La medida marca el epílogo administrativo de un proceso de saneamiento que, si bien permitió la supervivencia de la banca pública, deja interrogantes abiertos sobre el costo total del salvataje y la identidad de sus principales beneficiarios.
La historia de este fideicomiso se remonta a la crisis de la Convertibilidad. Mientras otras jurisdicciones liquidaban sus entidades financieras ante la presión de los mercados y las políticas neoliberales, la gestión de Rubén Marín —con Ernesto Franco al frente de la economía— optó por una ingeniería “quirúrgica”: separar los activos tóxicos del balance del banco.
De esta manera, el BLP pudo continuar operando como una entidad limpia, mientras el Estado provincial asumía la pesada tarea de gestionar miles de créditos incobrables de frigoríficos, cooperativas y empresas que habían sucumbido al escenario económico de finales de los 90.
Sin embargo, el cierre de este ciclo administrativo llega acompañado de una cláusula que reaviva una polémica histórica: el secreto sobre los balances finales al 31 de julio de 2025. Amparándose en la protección de datos personales y la vigencia de litigios judiciales, el decreto mantiene bajo llave la información detallada sobre el monto consolidado de la deuda y, fundamentalmente, la nómina de los grandes deudores. Durante décadas, estimaciones legislativas situaron el “agujero” financiero entre los 60 y 120 millones de dólares de la época, concentrados en un reducido grupo de entre 30 y 50 empresas con aceitados vínculos políticos.
Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas han sido enfáticos al señalar que la disolución del fideicomiso no representa una condonación de deudas para quienes aún mantienen obligaciones pendientes. Los juicios y activos remanentes pasarán ahora a la órbita directa de la Provincia, que continuará con las gestiones de cobro. No obstante, en los pasillos oficiales se reconoce que, tras 20 años de procesos judiciales y quiebras, las posibilidades reales de recupero son marginales.
En términos estratégicos, el resultado de esta política es innegable: La Pampa conserva hoy un banco público solvente, capitalizado y con presencia territorial. Sin embargo, el costo de esa estabilidad fue una factura millonaria que el Estado absorbió de manera silenciosa a lo largo de dos décadas. Con la firma de este decreto, la provincia clausura el capítulo contable de la crisis, pero deja pendiente la rendición de cuentas social sobre quiénes fueron, en última instancia, los favorecidos por el mayor rescate financiero de la historia pampeana.