dPosta – Ramón Dupuy, referente de la Fundación Dupuy, admitió que mantuvo contacto con tres de los 10 acusados de graves delitos del caso Loan, también de haber habilitado que mencionen su nombre para operar mientras se buscaba al niño y negó haber recibido fondos, mientras organizó una colecta para mandar dinero al supuesto operativo que desarrollaban los imputados. Dijo que lo ocurrido lo llevó a perder la posibilidad de construir una sede para la ONG, que ahora piensa en cerrar.
El abuelo de Lucio Dupuy declaró este jueves por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en el juicio por las presuntas maniobras para entorpecer la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, que se tramita en una causa conexa donde hay 10 acusados. Explicó bajo qué condiciones autorizó a uno de ellos a utilizar su nombre y negó que la asociación haya participado institucionalmente de las actividades desarrolladas en la provincia norteña.
A pedido de las partes, la declaración de Dupuy puso el foco en la relación que mantuvo con integrantes del grupo que llegó a Corrientes después de la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio. La investigación busca determinar si esas personas desplegaron acciones para desviar o entorpecer la búsqueda del niño, además del manejo poco claro de dinero. Estas personas afrontan cargos de “encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, estafa a la administración pública y usurpación de títulos”, según las responsabilidades atribuidas a cada uno.
Contactos con tres de diez
Ante las preguntas del fiscal general federal Carlos Schaefer, Dupuy negó conocer personalmente a Nicolás “El Americano” Soria, aunque reconoció que había conversado con él. Según relató, Soria fue el primero en comunicarse para hablarle sobre la situación de chicos en condiciones de vulnerabilidad.
“Me había dicho que había chicos abandonados allí y le dije que sí, siempre y cuando fuera por los chicos”, declaró. En ese sentido, insistió en que el contacto se había establecido directamente con él y no con la fundación.
También admitió que mantuvo comunicaciones con Alan Cañete, quien se presentó como abogado y le pidió autorización para mencionar su nombre durante el viaje a Corrientes. De acuerdo con su relato, el objetivo era facilitar el acceso a distintos lugares para colaborar con los menores vinculados al caso.
“Me preguntó si me podía mencionar para que le abrieran más rápido las puertas del caso y yo dije que sí, mientras vaya por los chicos, le dije que no había ningún problema”, explicó.
En esa línea, recordó que le había puesto una condición expresa a Cañete: “Si vas por los chicos, sí podés nombrarme. Ahora, por los adultos no”. Y aclaró que no verificó si el hombre contaba con matrícula profesional y que tampoco pudo comprobar las referencias que le hicieron sobre una supuesta vinculación del equipo con organismos internacionales, como el FBI o Interpol.
Dupuy también reconoció conocer a Elizabeth Cutaia, otra de las imputadas en la causa paralela. Según contó, Cañete le había mencionado que viajaba con un equipo del que formaba parte la abogada. Sin embargo, aseguró que desconocía cómo se había organizado el alojamiento de familiares de Loan y otros menores en el hotel Despertar del Iberá, en 9 de Julio, y negó haber intervenido en esas gestiones.
“La asociación no tiene nada que ver”, remarcó. Además, aclaró que nunca viajó a Corrientes durante la búsqueda del niño ni tuvo contacto con sus padres, María Noguera y José Peña.
Manejo de dinero
Durante la audiencia, Ramón Dupuy también se refirió a una colecta solidaria que impulsó mediante TikTok para colaborar con los chicos. Según explicó, el dinero se recibió en el teléfono de su esposa y luego fue transferido a una cuenta de Cutaia para comprar mercadería, por indicación de Cañete.
Otro de los puntos que cuestionó fue una donación de $2.800.000 que, según afirmó, había anunciado el intendente de 9 de Julio para la Fundación Lucio Dupuy. El dirigente sostuvo que el dinero nunca ingresó a la organización y que, pese a sus reiterados reclamos, no obtuvo una respuesta satisfactoria.
“Me cansé de llamarlo al intendente”, declaró. También señaló que su abogado había enviado una carta documento al municipio y al Concejo Deliberante sin recibir contestación.
Dupuy aseguró que, cuando se enteró por los medios de comunicación de las detenciones de integrantes del grupo, intentó pedir explicaciones a Cañete y Cutaia, pero perdió el contacto con ambos. Aclaró que no podía afirmar que Cañete hubiera cometido irregularidades porque no las había presenciado personalmente. “Yo confié en la palabra de Cañete, que decía que iba a cuidar a los niños”, sostuvo.
¿Se cierra la Fundación?
Ramón Dupuy ocupó gran parte de su participación como testigo y graficar el impacto que el caso Loan, y los movimientos de los 10 acusados de la causa paralela, generaron en la Fundación Dupuy. Explicó al Tribunal correntino que la entidad proyectaba construir una sede con atención psicológica, asistencia social y espacios de revinculación para niños y adolescentes de La Pampa y provincias cercanas.
Sin embargo, afirmó que una persona que se había comprometido a financiar la obra retiró su ofrecimiento después de que el nombre de la institución quedara asociado públicamente con el caso del niño de Corrientes.
“Un donador que nos iba a hacer la sede nos dijo que no por este caso”, reveló. Y lamentó que “los chicos de mi provincia y de las provincias linderas se quedaron sin una sede para poder ser atendidos”, afirmó. Y en esa línea adelantó que por estos días piensa en poner fin a la Asociación Civil Lucio Abel Dupuy, creada después del asesinato de su nieto con el objetivo de proteger a niños y adolescentes.
Las crónicas de medios correntinos no reflejan si Dupuy mencionó también en el juicio, como motivos para poner fin a la ONG, otras anormalidades conocidas en la provincia de La Pampa. Por un lado, que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas detectó el desvío de subsidios de la Fundación para pagar gastos de la carrera universitaria de un familiar y, también, que el Municipio piquense le retiró el terreno donado para construir la sede, no solo por no iniciar la obra en el tiempo establecido en la ordenanza de cesión sino, además, porque no pagó una sola boleta de tasas municipales y ni siquiera se cortaron los yuyos del lugar, a pesar de reiterados pedidos.