dPosta – El regreso del gendarme Nahuel Gallo a suelo argentino marcó en las últimas horas uno de los capítulos más surrealistas y bochornosos de la diplomacia argentina reciente. Mientras el Gobierno Nacional, a través de la exministra de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich, y el canciller Pablo Quirno, intentaba capitalizar la llegada del uniformado con una foto al pie del avión en Ezeiza, la realidad de los hechos terminaba de humillar la narrativa oficial: el avión que trajo a Gallo fue contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y la libertad del agente no fue fruto de la presión libertaria, sino de una gestión personal de Claudio “Chiqui” Tapia.
La respuesta de la Casa Rosada ante su propia impotencia no se hizo esperar, pero lejos de la autocrítica, optó por la ofensiva judicial. Según fuentes oficiales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno no descarta avanzar contra la AFA bajo la figura de “traición a la patria”, “sedición” o incluso “espionaje ilegal”. El argumento oficial es que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimientos públicos”.
Sin embargo, lo que subyace es el malestar por ver cómo Tapia, en medio de una guerra abierta con el Ejecutivo por las Sociedades Anónimas Deportivas, logró en silencio lo que la Cancillería no pudo en meses.
La secuencia del día fue elocuente. Bullrich y el canciller Quirno se mostraron sonrientes junto a Gallo apenas este descendió de la aeronave privada que trasladaba también a los directivos de la AFA, Luciano Nakis e Isla Cáceres. Mientras tanto, el “Chiqui” Tapia, estratega de la operación que incluyó un indulto de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, seguía las instancias cómodamente por televisión, dejando que los funcionarios nacionales se sacaran fotos con un logro que les es ajeno.
En realidad, Tapia quiso ir a buscar a Gallo a Venezuela pero la Justicia argentina le impidió salir del país por la denuncia que le hizo el Gobierno y, un par de minutos antes del espectáculo circense de Milei en el Congreso, el capo de AFA anunciaba que el gendarme estaba en vuelo hacia Argentina junto a otros dos dirigentes de la entidad deportiva.
El Gobierno, que ni siquiera cuenta con embajador en Venezuela debido a prejuicios ideológicos, había intentado atribuir la liberación a gestiones de Italia, Estados Unidos y la ONG Foro Penal. No obstante, el comunicado de la AFA fue lapidario al agradecer a Delcy Rodríguez por su “sensibilidad y disposición”, demostrando que el fútbol fue un puente más efectivo que la diplomacia de confrontación que propone la gestión actual.
“Sabíamos que estaban allá e interfiriendo en las negociaciones”, especularon voces del Gobierno, intentando transformar una acción humanitaria en un delito federal. En los pasillos de Balcarce 50 duele especialmente que la AFA haya exhibido sus vínculos con el régimen chavista justo cuando el Ministerio de Seguridad y medios afines agitan denuncias por presunto desvío de fondos contra Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino.
La paradoja es total: el Gobierno acusa de traidores a quienes trajeron de regreso a un gendarme que la propia gestión de Bullrich no supo rescatar. Es, en definitiva, la institucionalización del despecho político frente a un éxito que deja al desnudo la ineficacia estatal.