dPosta – Mariela Beatriz Altamirano, la madre biológica del nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, Ángel Nicolás López, fue detenida este domingo por la noche. Horas atrás, se había solicitado la detención inmediata, tanto de ella como la de su pareja Michel González, por estar acusados de “homicidio agravado”.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Chubut, comandado por el Dr. Héctor Iturrioz, le informó que el martes ambos detenidos serían indagados.
Asimismo, el fiscal General Facundo Oribones, junto a la funcionaria de Fiscalía Diana Guzman comunicaron que le solicitaron al juez penal de turno la detención de Altamirano y González, en relación a la investigación por la muerte de Ángel, “en base a los elementos recabados hasta el momento”.
“Las detenciones se producen luego de recibir la autopsia preliminar hoy y de un arduo trabajo de fiscalía en todos estos días. Así el pedido de detención fue autorizado por el juez penal de turno y en las próximas horas se fijará la correspondiente audiencia de control de detención. Hasta que se concrete dicha audiencia, no hay intervención ajena al Ministerio Público Fiscal”, confirmó el organismo chubutense.
Fuentes del caso indicaron que fueron alojados en celdas diferentes y que, en las próximas horas, se hará la audiencia de lectura de cargos y tendrán la posibilidad de declarar en indagatoria.
Por su parte, el abogado Roberto Castillo, quien representa al padre del menor, Luis Armando López, se encuentra junto a su pareja, la vedette y conductora Cinthia Fernández, en Comodoro Rivadavia acompañando a la familia. Desde sus redes sociales aseguró que “empezaron a hacer justicia” porque detuvieron a los “asesinos de Ángel”.
Durante la tarde de hoy, el letrado había presentado una ampliación de la denuncia penal en la que solicitó la inmediata imputación y detención de González y Altamirano por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
El documento presentado ante la fiscalía, describe un escenario de “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”. Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.
La autopsia preliminar resultó clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad. A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor.
La “Ley Lucio” y la responsabilidad de los funcionarios
Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es la acusación contra el Juez de Familia, Dr. Pablo José Pérez, la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. La querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.
El relato cronológico es estremecedor:
- Advertencias ignoradas: El sistema judicial ya había rechazado tres veces la restitución del niño a su madre biológica por considerarla un entorno no seguro.
- El grito de Ángel: En febrero de 2026, el Juez Pérez y la Asesora Roldán escucharon personalmente al niño en audiencia. Ángel expresó con claridad que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no identificó a Altamirano como su núcleo afectivo. Pese a esto, no se dictó ninguna medida de protección.
- Aislamiento fatal: En marzo, una restricción perimetral prohibió a la familia paterna y a la madre de crianza todo contacto con el niño, dejándolo solo con sus presuntos agresores semanas antes de su muerte.
Castillo traza un paralelismo directo con el caso de Lucio Dupuy, señalando que los funcionarios habrían incumplido los deberes de capacitación y detección temprana que impone la Ley 27.709 (Ley Lucio).
Fuente: N/A