dPosta – Siete entidades de peso en el mapa productivo pampeano manifestaron su rechazo categórico a la decisión del Gobierno nacional, implementada a través del Senasa, que habilita la libre elección de veterinarios para las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. La medida, que busca desregular un sistema que lleva casi tres décadas de estabilidad, ha generado una señal de alerta por lo que los productores consideran una “grave amenaza” al estatus sanitario nacional.
Las asociaciones que suscribieron el documento de rechazo representan a zonas clave como Eduardo Castex, General Acha, General Pico, Toay, Realicó, Victorica (Sociedad Rural del Oeste Pampeano) y La Adela (Asociación Rural del Sur Pampeano). Estas instituciones, todas integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), sostuvieron que el cambio en el esquema sanitario fue adoptado de forma “unilateral e inconsulta”, sin considerar la experiencia de quienes gestionan el control de rodeos en el territorio.
Este posicionamiento marca una fractura evidente dentro del gremialismo rural pampeano. Mientras el bloque de las siete rurales se muestra inflexible, la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, con sede en Santa Rosa, se desmarcó de sus pares y expresó su respaldo a la desregulación oficial. La situación cobra un matiz político particular dado que Marcelo Rodríguez, actual vicepresidente de Carbap y ex titular de la Agrícola de Santa Rosa, ha sido uno de los dirigentes más críticos con la medida, lo que evidencia la complejidad de las internas institucionales que hoy dominan la escena.
Desde el sector crítico, el argumento central radica en la defensa de las “fundaciones” y entes sanitarios locales. Según expresaron en su comunicado, la erradicación de la fiebre aftosa en Argentina no fue un hecho fortuito, sino el resultado de un “éxito mancomunado” entre el sector público y el privado que comenzó hace 30 años. Las entidades recordaron que el sistema actual, basado en la organización colectiva de la vacunación, es lo que permite mantener abiertos los mercados internacionales para la carne argentina. “Modificar algo que funciona correctamente, sin entender por qué, es un riesgo que no estamos dispuestos a avalar”, señalaron con preocupación.
Por su parte, la resolución oficial del Senasa establece que, a partir del 1 de enero de 2027, el productor ganadero tendrá la potestad de contratar directamente a veterinarios privados acreditados. Bajo el nuevo esquema, los profesionales deberán garantizar estrictamente la cadena de frío de las vacunas y registrar las actas en el sistema oficial en un plazo máximo de siete días. Además, el productor deberá informar su elección con al menos 30 días de antelación al inicio de la campaña anual; de lo contrario, el servicio seguirá bajo la órbita de los entes sanitarios tradicionales.
El Gobierno defiende la medida como un paso hacia la “simplificación administrativa” y la “libertad de acción” de los administrados. No obstante, para las rurales de Acha, Pico, Castex y demás firmantes, la desregulación podría derivar en un fracaso sanitario de consecuencias impredecibles. Las entidades cerraron su pronunciamiento deslindando responsabilidades ante cualquier eventual pérdida del estatus sanitario del país, dejando en claro que el camino de la desregulación podría comprometer seriamente la confiabilidad de los controles en un sector que es el motor económico de la provincia.