dPosta – La Asociación de Defensores y Asesores Públicos alertó, una vez más, que la sobrecarga laboral compromete el acceso a la Justicia y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) respaldó el reclamo con un comunicado. Ante la falta de respuestas, los defensores evalúan dejar de avalar los juicios abreviados -procedimiento que descongestiona y acelera el proceso penal- para llevar todos los expedientes a debates públicos, lo que generaría un cuello de botella los despachos de jueces de audiencia, quienes hoy atienden un mínimo porcentaje de los casos que ingresan a los tribunales.
La advertencia de los defensores públicos no surge de un conflicto coyuntural ni de una discusión abierta en el último año. La falta de equiparación entre la Defensa Pública y los demás actores del sistema penal es un reclamo que atraviesa décadas y que se profundizó con la implementación del sistema acusatorio en La Pampa.
El nuevo esquema procesal fortaleció la estructura de las fiscalías y de los juzgados de Control, que incorporaron funcionarios y recursos para afrontar una mayor cantidad de trámites, mientras que la Defensa Pública mantuvo prácticamente la misma estructura para responder a una demanda creciente. Esa diferencia, sostienen desde el sector, terminó generando una brecha que afecta la denominada “igualdad de armas” dentro del proceso penal.
La Asociación de Defensores, Defensoras y Asesoras y Asesores Públicos volvió a poner el foco en esa situación y respaldó el reclamo impulsado por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ), que denunció un escenario de deterioro progresivo en las defensorías civiles y penales de toda la provincia.
Sin recursos y con más causas
El planteo de fondo apunta a que la Defensa Pública tenga autonomía presupuestaria y deje de depender de las partidas administradas por la Procuración General. Para los defensores, esa dependencia limita la posibilidad de planificar la incorporación de recursos humanos y responder a las necesidades del servicio.
La situación, explican, se agravó con la creación de nuevas dependencias sin los cargos necesarios para garantizar su funcionamiento. El resultado es una estructura que absorbe cada vez más expedientes con equipos que no crecieron al mismo ritmo.
Desde el SITRAJ señalaron que las defensorías atraviesan una “gravísima situación” por la falta de personal, la ausencia de nuevos ingresos, jubilaciones y renuncias que no son reemplazadas, además de la falta de concursos y dificultades para sostener la carrera judicial. El gremio remarcó que quienes trabajan en esas áreas deben garantizar diariamente el acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad.
En ese contexto, la Asociación de Defensores advirtió que las dependencias funcionan bajo un estado de “colapso operativo y desgaste extremo”, debido a que los equipos deben absorber un volumen creciente de causas y demandas complejas sin contar con los recursos humanos indispensables.
La brecha en números
Uno de los puntos centrales del reclamo es la diferencia de estructuras entre acusación y defensa. Según los datos expuestos por el presidente de la Asociación de Defensores, Walter Vaccaro, en toda la provincia existen 21 fiscales adjuntos frente a solamente dos defensores en materia penal.
La diferencia también aparece en los cargos de apoyo: mientras las fiscalías cuentan con 18 prosecretarios, la Defensa Pública tiene uno. Para los defensores, esos números reflejan una desigualdad que impacta directamente en la capacidad de respuesta frente al volumen de causas que ingresan al sistema.
La situación se vuelve más evidente en un modelo donde la rapidez de los procesos depende, en gran medida, de la capacidad operativa de cada una de las partes. Y allí aparece uno de los puntos más sensibles del reclamo: los juicios abreviados.
La advertencia que pone en riesgo al sistema
Ante la falta de respuestas, Vaccaro planteó una medida que podría alterar el funcionamiento cotidiano del fuero penal. Los defensores, por su condición de funcionarios judiciales, no pueden realizar un paro, pero sí cuentan con herramientas propias para expresar su reclamo.
La advertencia fue concreta: podrían dejar de firmar juicios abreviados.
Esa decisión tendría impacto directo sobre uno de los mecanismos que permitió acelerar la resolución de causas penales durante los últimos años. El juicio abreviado redujo tiempos procesales y permitió que una parte importante de los expedientes no llegara a audiencias de debate oral.
Si la Defensa Pública dejara de intervenir en esos acuerdos, aumentaría la cantidad de procesos que deberían avanzar hacia debates orales, generando una presión adicional sobre los Juzgados de Audiencia que quedaron relegados también en cantidad de funcionarios de estructura, pero con una considerable merma de legajos a abordar a partir del nuevo sistema.
La medida, aclararon los defensores, no tendría como objetivo afectar los derechos de los imputados, sino garantizar que cada persona pueda contar con una defensa adecuada. El planteo es que, sin recursos suficientes, también se pone en riesgo la calidad del servicio de Justicia.
El desgaste de los equipos
El reclamo también tiene una dimensión vinculada a las condiciones laborales. Desde el SITRAJ remarcaron que la falta de personal genera una sobrecarga permanente y afecta a trabajadores que sostienen una tarea considerada esencial.
El sindicato cuestionó además la existencia de oficinas con condiciones edilicias deficientes y señaló que no se puede exigir que los trabajadores mantengan un servicio fundamental “con su esfuerzo, su sobrecarga laboral y hasta con el costo de su propia salud”.
La Asociación de Defensores coincidió con ese diagnóstico y sostuvo que la atención cotidiana de sectores vulnerables implica una demanda humana compleja que impacta sobre la salud psicofísica de quienes integran las defensorías en circunscripciones como Santa Rosa, General Pico y General Acha.
Presupuesto, la próxima discusión
El debate por el presupuesto provincial aparece ahora como el próximo punto de tensión. Desde la Defensa Pública esperan que allí se concrete la tan ansiada independencia de Ministerio Público, organismo que en la práctica se identifica con la Fiscalía y con el que ni siquiera tienen diálogo. Al mismo tiempo, los defensores esperan que se contemplen nuevos cargos y recursos que permitan recomponer una estructura que consideran insuficiente.
Mientras tanto, la amenaza de no firmar juicios abreviados expuso una situación que los defensores vienen planteando desde hace años: un sistema penal que incorporó nuevas exigencias y más actores, pero que dejó a la defensa pública con una capacidad operativa que no acompañó ese crecimiento.
El reclamo histórico parece haber llegado a un punto límite impuesto por la advertencia de los defensores públicos: sin respuestas, el problema que hoy afecta a las defensorías podría trasladarse al funcionamiento general de la Justicia Penal pampeana.