dPosta – El senador pampeano Daniel Pablo Bensusán advirtió sobre las consecuencias que podría tener el programa de ciudadanía por inversión impulsado por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que abre una vía para eludir las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La preocupación se suma al debate por la protección del territorio nacional, luego de que la Corte Suprema suspendiera provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras.
Bensusán señaló que el DNU 366/25 y el Decreto 524/25, vinculados con el nuevo mecanismo, permitirían que una persona extranjera obtenga la nacionalidad argentina mediante una inversión y, de esa manera, deje de estar alcanzada por los límites establecidos para la adquisición de campos.
El legislador pampeano sostuvo que la discusión excede la propiedad de la tierra y compromete el control de los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo de las provincias. En ese sentido, remarcó la necesidad de establecer controles que impidan que el mecanismo de naturalización se convierta en una alternativa para sortear las restricciones territoriales.
La exdirectora nacional de Migraciones y actual diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, también cuestionó la propuesta. Durante una entrevista radial, objetó que la ciudadanía pueda obtenerse sin residencia previa y diferenció la nacionalidad de los programas que ofrecen permisos de residencia a cambio de inversiones productivas.
“El vínculo con nuestro país no se compra: se construye con residencia, integración y arraigo”, recordó la legisladora.
Carignano señaló que el esquema contempla un aporte de 350.000 dólares o la suscripción de bonos por 800.000 dólares. Además, cuestionó la intervención de una consultora británica en el diseño del programa. “¿Cómo nos van a venir a hablar de soberanía de Malvinas cuando estamos entregando la ciudadanía argentina a una empresa británica?”, observó.
Vinculó, además, la iniciativa con el debate por la Ley de Tierras. “Tienen un plan B en el Gobierno, que es darle ciudadanía para que al otro día venga, sea argentino y se compre la cantidad de tierra que quiera en la Patagonia”, afirmó.
La firma detrás del programa
La empresa que aparece en el centro de la iniciativa es Henley & Partners, un estudio de origen británico especializado en programas de ciudadanía y residencia por inversión. La firma se presenta como una de las principales operadoras internacionales de ese mercado y había comenzado a promocionar la propuesta argentina el mismo día en que el Gobierno anunció el mecanismo desde París.
Su director ejecutivo, Juerg Steffen, reconoció públicamente que la compañía mantuvo talleres y conversaciones con las autoridades argentinas para colaborar en el desarrollo del marco normativo. En una publicación posterior, la firma aseguró que durante los 18 meses anteriores había sostenido numerosas reuniones con funcionarios en Buenos Aires y difundió una fotografía de integrantes de su equipo en la Casa Rosada.
La participación de Henley & Partners generó cuestionamientos por sus antecedentes en otros países. Uno de los casos más relevantes fue Malta, cuyo programa de venta de ciudadanía fue anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2025. La firma había obtenido importantes ingresos por su participación en ese mercado, según registros citados por el Financial Times.
La compañía también tuvo un papel destacado en programas de ciudadanía de países del Caribe. Un informe del Parlamento británico, citado por ese medio, cuestionó su intervención en campañas políticas en San Cristóbal y Nieves, un pequeño Estado insular que se convirtió en uno de los principales escenarios de este tipo de negocios.
En 2022, una investigación del Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) y la Fundación Daphne Caruana Galizia, basada en documentos internos de la firma, expuso casos de clientes que habían solicitado pasaportes caribeños y luego fueron investigados o condenados por delitos financieros. Entre ellos figuraban el empresario iraní Ali Sadr Hashemi Nejad, arrestado en Estados Unidos por lavado de dinero, y el empresario petrolero nigeriano OluwaSeun Ogunbambo, acusado de lavado y contrabando.
Esos antecedentes no implican por sí mismos que el programa argentino vaya a reproducir las irregularidades denunciadas en otros países, pero alimentan las preguntas sobre los controles que se aplicarán para verificar el origen de los fondos y los perfiles de quienes soliciten la nacionalidad.
La propuesta abre así un debate que combina política migratoria, inversiones y soberanía territorial. Mientras el Gobierno presenta el mecanismo como una herramienta para atraer capitales, sus críticos advierten que la ciudadanía no debería convertirse en una vía para sortear las restricciones sobre la tierra ni comprometer el control de los recursos estratégicos del país.