dPosta – El ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, defendió el procedimiento realizado para concretar la entrega del bebé de Rancul a la familia adoptante designada por la Justicia. El funcionario realizó declaraciones este martes en la Legislatura Provincial, donde asistió para explicar la reforma del Código Procesal Penal vinculada a la baja de la edad de imputabilidad, aunque también fue consultado por los casos de niñez que generaron repercusión pública.
Sobre el niño de Rancul, Álvarez aseguró que el Estado actuó en cumplimiento de una orden judicial y sostuvo que se buscó evitar una situación traumática para el bebé. “Priorizamos la situación menos violenta para el bebé”, afirmó.
El conflicto involucró a Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, quienes tenían al niño bajo una guarda de contención y habían reclamado ser considerados para la adopción. Luego de distintas instancias judiciales, el Juzgado de Familia N°1 de General Pico resolvió que el bebé debía ser entregado a la familia adoptante seleccionada por el Registro Único de Adoptantes. Tras el rechazo de un recurso presentado por la pareja, el lunes se concretó el operativo que terminó con la restitución del niño.
“Simplemente cumplimos una orden judicial. La situación de fondo de ese niño ya estaba resuelta: estaba en estado de adoptabilidad y el Juzgado de Familia N.º 1 de General Pico ya había seleccionado a la familia adoptiva. Por lo tanto, se estaba esperando poder cumplir con esa orden judicial, materializarla y que el bebé tuviera el destino indicado por la jueza”, dijo Álvarez antes de ingresar al plenario en la Legislatura.
—¿Fue una situación que se buscó hacer de determinada manera, porque se cuestionó el procedimiento? -le consultó la prensa.
—Nosotros cumplimos con una orden judicial. Fue una situación en la que se buscó actuar de la manera menos violenta posible para el bebé. Acá lo que priorizamos siempre son los derechos de los niños y niñas. En esta circunstancia, era un bebé que tenía que ir, de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa de adopción, a la familia adoptante.
—¿La ley está bien o, a partir de estos casos, podría plantearse alguna modificación?
—A nosotros no nos corresponde, en esta circunstancia, analizar eso. Creo que la ley de fondo buscó en su momento terminar con ciertas prácticas que se daban a nivel país, como la posibilidad de resolver las adopciones mediante guardas irregulares.
Creo que ese fue uno de los principales objetivos que buscó la ley cuando se modificó el Código Civil y se creó el Registro Único de Adoptantes. Se estableció un procedimiento claro y se buscó que, mediante las guardas directas, no se pudiera eludir ese sistema, para transparentarlo y hacerlo mucho más justo y equitativo para aquellas personas que realmente quieren adoptar.
En este proceso se pone en el eje el derecho de los niños y niñas. Lo que se hace a través del Registro Único de Adoptantes es buscar un perfil que sea acorde para ese niño, teniendo en cuenta que se trata de una decisión que va a ser definitiva para toda su vida.
—¿Cómo trataba esta familia de Rancul al bebé?
—No quiero hablar de eso. Es un tema resuelto. Puedo comprender algunas situaciones, pero nosotros debemos atenernos a la ley y a la orden judicial que tuvimos que cumplir.
Fue un proceso judicial transparente, en el que tuvieron la oportunidad de ejercer todas las defensas que consideraron pertinentes en primera instancia, segunda instancia y ante la Corte. Ayer se conoció el último rechazo del Superior Tribunal de Justicia, que señaló que no había recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
El caso de General Pico
Respecto del caso ocurrido en General Pico, donde se investiga una posible apropiación de un niño, Álvarez explicó que la Unidad Local de Niñez intervino luego de detectar una situación irregular y una posible entrega de dinero.
“En el caso de Pico intervino la Unidad Local de Niñez, donde detectaron —vamos a hablar en términos de supuestos, de situaciones potenciales— que podía existir una posible apropiación de un niño a través de la entrega de una suma de dinero”, explicó.
Agregó que la familia se presentó ante la Justicia cuando tomó conocimiento de la denuncia y que la jueza rechazó el pedido de guarda, dando intervención al fiscal para investigar la posible comisión de delitos.
—¿Y esa criatura fue dada en guarda a otra familia?
—Esa criatura hoy está en un dispositivo de niñez.
—La familia dice que antes de tener al niño habían ido a la Unidad Local de Niñez y que se habían entrevistado con ellos.
—Sí, de ahí surge la información. La propia familia manifestó que había realizado un pago por el niño y que no eran referentes afectivos. Pero es materia judicial y a mí no me corresponde emitir opinión, porque lo único que tenemos es la información que surge de las actuaciones judiciales.
Reforma del Código Procesal Penal
Por otra parte, Álvarez explicó que fue al plenario para explicar “la reforma enviada por el Poder Ejecutivo fue trabajada conjuntamente con el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría y todos los organismos que tienen que ver con la aplicación del Código de Procedimiento”.
“Como se sabe, fue modificada la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes a 14 años a través de la Ley 27.801. Lo que corresponde a las provincias, dentro de sus competencias, es modificar el procedimiento penal para adecuarlo a los nuevos límites que fija la ley de fondo”, añadió.
—¿Esto sería para poder sancionar y castigar, y eventualmente llegar a una prisión de menores?
—No necesariamente. No hablaría de sancionar y castigar, sino de que va a haber persecución penal. Lo que plantea la reforma del Código Procesal de la provincia son alternativas distintas a la prisión y al castigo para los adolescentes que infrinjan la ley penal. Son prácticas modernas que tienen que ver con la reparación del daño y con otras salidas de justicia restaurativa.
Más allá de que, obviamente, no estamos de acuerdo con la ley de fondo nacional, nosotros estamos dentro de un Estado de derecho y, dentro de ese Estado de derecho, las leyes están para cumplirse y para cumplir con la Constitución. Dentro de ese marco tenemos que acondicionar la normativa procesal provincial.
—¿Puede llegar a pasar en La Pampa algo como la suspensión de la decisión?
—Eso es una decisión judicial de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, los que estamos acá, tenemos que trabajar sobre nuestra normativa. Y en esto le agradezco también la prontitud a la Cámara, que hizo un plenario de comisiones para analizar si el jueves, en un plenario de la Cámara, se puede aprobar con las mayorías especiales que requiere.
Por eso venimos a explicarlo y a evacuar las dudas que puedan surgir. Es un proyecto muy técnico, que modifica normativa procesal y no cuestiones de fondo. Por eso viene parte del equipo que participó en la redacción del proyecto para poder darles las explicaciones a los legisladores.
(Con información de El Diario)