dPosta – La familia de contención del bebé de Rancul volvió a reclamar respuestas y trasladó la protesta por un día a la Cámara de Apelaciones de General Pico, donde denunció la existencia de “sistemáticas irregularidades” en el desarrollo de la causa y cuestionó la difusión pública del contenido de una resolución judicial que todavía no se encontraba firme.
Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, acompañados por familiares y allegados, se manifestaron frente al edificio ubicado en calle 11, donde expresaron sus cuestionamientos al proceso que terminó con la confirmación de la negativa a otorgarles la guarda con fines de adopción del niño que habían recibido como familia de contención desde sus dos meses de vida.
La pareja apuntó principalmente contra lo que consideró una serie de cambios de criterios durante la tramitación del expediente. “Nosotros siempre decimos que esto arrancó de una manera rara y sigue comportándose de manera rara. Ya llevamos diez días de lucha, una lucha pacífica que estamos llevando adelante porque entendemos que hay situaciones muy serias que tienen que ser explicadas”, sostuvo Díaz.
Uno de los ejes del reclamo estuvo vinculado a los argumentos utilizados para impedir que pudieran avanzar en el proceso de adopción. Según explicó, inicialmente se les había indicado que no podían participar por una supuesta restricción legal. “Primero nos dijeron que no podíamos participar porque había una ley que lo impedía, pero en La Pampa no existe ninguna ley que diga eso. Lo que existe es una incompatibilidad entre un programa y otro, pero no hay una ley que nos impida participar”, afirmó.
Díaz señaló que, tras la apelación presentada por la familia, la fundamentación habría cambiado. “Cuando apelamos esa decisión, cambiaron el argumento y ahora dicen que quedamos afuera porque no estamos dentro del RUGA. Esa incompatibilidad entre un expediente y otro, dentro de la misma causa, es algo que nosotros cuestionamos”, indicó.
La protesta también incluyó un pedido de apartamiento de funcionarios vinculados al área de Niñez, entre ellos Rodrigo Lofvall y Juan Pablo Bonino. “Si hay funcionarios que están siendo denunciados y forman parte de un proceso que se está investigando, entendemos que deberían apartarse mientras se determina qué ocurrió”, expresó.
Otro punto central del reclamo fue la filtración del fallo de la Cámara de Apelaciones, que confirmó la resolución de primera instancia y rechazó el pedido de guarda con fines adoptivos presentado por la pareja. Para la familia, la difusión del contenido del expediente constituye una situación que debe ser investigada.
“Lo que pasó ayer no puede volver a suceder. Una cosa es informar sobre una causa y otra muy diferente es divulgar información que forma parte de un expediente. Entendemos que siguen existiendo irregularidades y que quienes participaron de esas decisiones tienen que dar explicaciones”, manifestó Díaz.