dPosta – El sector de la educación técnica y profesional en La Pampa se encuentra en estado de máxima alerta tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 por parte del Gobierno nacional, que incluye la propuesta de derogar el artículo 52 de la Ley 26.058. Dicho artículo es el sustento legal del fondo especial que financia a las cerca de 1.500 escuelas técnicas que operan en todo el país. La eliminación de este recurso económico impactaría directamente en la sostenibilidad de las instituciones técnicas pampeanas.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) ha expresado su profunda preocupación, declarándose en estado de movilización y alerta. El secretario general del gremio, Cristian Paulino, explicó que la derogación del artículo equivale a la supresión total del financiamiento, dejando a las escuelas a su suerte.
En la provincia, esta medida afectaría a un conjunto de cerca de 50 instituciones, incluyendo 10 escuelas de educación técnica, 6 escuelas de educación agrotécnica, y 22 centros de formación profesional en oficios, además de los institutos superiores. Estos centros atienden a una población estimada de 5.000 alumnos en el nivel secundario y otros 4.000 en la modalidad de formación profesional.
El dinero proveniente de este fondo especial es vital, ya que se destina a cubrir gastos esenciales que las escuelas no pueden afrontar por sí solas. Entre ellos se encuentran la reparación edilicia, la mejora de infraestructura, la adquisición de maquinaria y herramientas (que son costosas), y la imprescindible capacitación y actualización del personal docente.
La conducción de AMET enfatizó que, sin la previsibilidad que otorgaba este fondo, es imposible planificar la compra de insumos para talleres, ni las costosas inversiones en máquinas y herramientas necesarias para la formación de los estudiantes. Paulino señaló que, si bien el gobierno provincial ha asumido algunas responsabilidades que la administración nacional ha descuidado, la provincia tiene una amplia gama de necesidades a cubrir y no podría solventar la totalidad de estos requerimientos técnicos.
Además del nivel secundario técnico, la eliminación impactaría fuertemente en los centros de formación profesional, una modalidad sumamente demandada en La Pampa por su rápida inserción laboral. Estos centros, que actualmente ofrecen unas 550 capacitaciones en oficios como tornería, refrigeración, albañilería, carpintería, y electricidad, brindan formación de corta duración (desde dos meses hasta un año) a un amplio número de personas que buscan una salida laboral inmediata.
La dirigencia gremial calificó esta acción como un “golpe fuerte” no solo para el sistema educativo en general, sino también para las perspectivas de empleo, ligando la medida a un contexto de desindustrialización promovido por las políticas del Gobierno nacional.
Ante la falta de respuesta institucional, Paulino indicó que el gremio inició un proceso para interpelar a todos los legisladores de La Pampa. Destacó que el único que hasta el momento ha respondido a la preocupación fue el diputado Ariel Rauschenberger (PJ), quien presentó un proyecto para modificar los artículos perjudiciales. Sin embargo, lamentó que el dictamen final de la Cámara de Diputados se haya alineado con la propuesta original del Ejecutivo, lo que mantiene viva la amenaza sobre el futuro de la educación técnica en el país.