dPosta – El último mes de 2025 cerró con una nota atípica para las finanzas de La Pampa en su relación con la Casa Rosada. Tras meses de sequía en el envío de fondos discrecionales, la provincia percibió en diciembre un total de $2.734 millones. Esta cifra representa un crecimiento real del 362% en comparación con el mismo mes de 2024, un incremento que a simple vista parece exponencial pero que encuentra su explicación en un hecho puntual: el desembolso del primer pago del acuerdo por la deuda previsional.
De acuerdo con los datos relevados por la consultora Politikon Chaco, la casi totalidad de esos recursos se originó en una transferencia de $2.500 millones vinculada al convenio para financiar el déficit de la Caja Previsional pampeana. Este esquema de pagos contempla una continuidad mediante doce cuotas mensuales de $5.000 millones, replicando la modalidad acordada con distritos como Córdoba y Entre Ríos, mientras que otras provincias, como Chaco, lograron la cancelación en un pago único durante el mismo período.
A pesar de este alivio momentáneo, la profundidad del ajuste se hace evidente al contrastar los números con la historia reciente. Al comparar los envíos de diciembre de 2025 contra los del mismo mes de 2023, el flujo de fondos todavía muestra un desplome del 82,1% en términos reales. Esto confirma que el repunte no responde a un cambio en la política de asistencia nacional, sino a la activación de un compromiso legal específico que permitió mejorar el registro estadístico sin modificar el panorama general de restricción presupuestaria.
En la mirada anual, la situación de La Pampa es aún más compleja, ya que quedó relegada al fondo del ranking nacional. Durante todo 2025, la provincia recibió un acumulado de $6.646 millones, lo que equivale a un marginal 0,3% del total repartido por Nación entre todas las jurisdicciones. Este nivel de participación coloca al distrito pampeano en el extremo inferior de la tabla junto a San Luis, muy lejos de los volúmenes concentrados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que absorbió el 47% de los fondos anuales debido al cumplimiento de medidas judiciales.
A escala país, el año 2025 cerró con transferencias no automáticas por un total de $2,49 billones. Aunque el sistema mostró un crecimiento real del 32,3% respecto a 2024, el informe advierte que este avance es el resultado de una comparación contra una base excepcionalmente baja del año anterior. En perspectiva histórica, el período que acaba de finalizar se consolidó como el segundo año con menores niveles de transferencias discrecionales de las últimas dos décadas, solo por detrás del piso registrado en 2024.