dPosta – Lo que comenzó como un prometedor convenio para obras públicas en 2021, bajo la gestión del intendente radical Héctor Delahaye, hoy se traduce en un reclamo judicial que amenaza con comprometer las finanzas de la Municipalidad de Anguil.
La actual intendenta, Daniela Fernández (PJ), cuando asumió en diciembre de 2023 advertió que había heredad un panorama financiero desolador y, ahora, se le sumó una demanda de pago del Gobierno nacional por $3.300.000 del programa “Argentina Hace”, más los correspondientes intereses y costas judiciales.
El motivo de la demanda es la falta de rendiciones de cuentas. Por un descuido burocrático, o por lo que la oposición denuncia como una supuesta omisión, la municipalidad no presentó la documentación en tiempo y forma, provocando la caída del convenio y perdiendo la posibilidad de recibir tres desembolsos adicionales. La esperanza de mejoras de infraestructura para el pueblo se desvaneció entre facturas y papeles sin presentar.
Fernández, quien ya había tildado de “quebrada” a la municipalidad en su asunción, utilizó una carta al concejo deliberante para alertar sobre la seriedad del asunto. Los fondos, destinados a mejoras esenciales como cordón cuneta y badenes, se han convertido en un lastre.
La intendenta no solo culpó a la gestión anterior por la falta de rendiciones, sino que recordó el contexto financiero en el que asumió. Según indicó, se encontró con una planta municipal inflada en un 80%, pasando de 46 a 87 empleados. Además, reveló un pasivo de $30 millones, de los cuales la mayoría no era de libre disponibilidad. A esto se sumaba una estación de servicio municipal con una deuda de $2 millones en combustible y un costo de $15 millones para su puesta en funcionamiento, un verdadero agujero negro financiero.
Disputa política
Los concejales de Juntos por el Cambio, Franco Schwemmer e Inés Robledo, no tardaron en responder. En un comunicado a la intendenta, aseguraron que toda la documentación del programa “Argentina Hace” había sido cargada “en tiempo y forma” en el sistema online y que también se encontraba archivada físicamente en el municipio. “Pretender responsabilizar a este bloque por tareas que legalmente competen a la gestión municipal vigente resulta inexacto y genera confusión entre los vecinos. Reiteramos que toda la documentación se encuentra disponible en el municipio y la obligación de responder es de la gestión actual”, remarcaron, devolviendo la pelota a la cancha de la intendenta.
Este intercambio de acusaciones ha dejado a Anguil en medio de una disputa política en la que la comunidad, una vez más, es la principal damnificada.