dPosta – El radicalismo pampeano abrió el juego para la presentación de precandidaturas a legisladores y expuso sus serios conflictos internos. Se presentaron dos listas, que al parecer no estaban en los planes de algunos dirigentes que esperan por el candidato que mejor mide y aún no se decidió, Martín Berhongaray, con quien supuestamente esperaban encabezar lista cuando conformen alianza con el PRO. El resultado fue que la Junta Electoral bajó a las dos listas, en una maniobra que quedó bajo la lupa a partir de una grave denuncia de una ex integrante de dicho órgano partidario.
La militante radical Micaela Valderrey, exintegrante de la Junta Electoral de la UCR de La Pampa, presentó una denuncia formal por la presunta comisión de un delito electoral en el ámbito del partido. Las acusaciones de Valderrey apuntan directamente al presidente de la Junta Electoral partidaria, Juan Francisco Romano, y al presidente del Comité Provincia de la UCR, Federico Guidugli, señalándolos por llevar a cabo procedimientos irregulares y fraudulentos durante el proceso de oficialización de las listas precandidatas para las elecciones internas del próximo 3 de agosto.
Valderrey, quien hasta hace pocos días formaba parte activa de la Junta Electoral, detalló una serie de sucesos que, según su denuncia, evidencian maniobras ilegales y manipulación dentro del proceso. La denunciante sostiene que, a pesar de haber redactado los documentos correspondientes e informado sobre los recursos de reposición presentados por las listas “Morada” y “Amarilla”, la Junta Electoral no respetó los plazos ni la normativa interna del partido.
Irregularidades y presiones
En su presentación, Valderrey resalta que la Junta Electoral emitió resoluciones de manera extemporánea, sin la debida autorización y con la firma de Romano, sustituyendo incluso su propia firma en documentos cruciales que fueron enviados sin su consentimiento. A esto se suman las presiones políticas ejercidas por el presidente del partido, Federico Guidugli, a quien Valderrey acusa de buscar imponer decisiones sin respetar los tiempos establecidos ni las formalidades del proceso electoral.
La cronología de los hechos, según la denuncia, indica que la Junta Electoral analizó la documentación de las listas “Amarilla” y “Morada”, notificando objeciones el 7 de julio de 2025. Ambas listas tuvieron hasta el 9 de julio para presentar sus descargos, y aunque respondieron dentro del plazo, sus resoluciones fueron rechazadas el 12 de julio. De acuerdo con la Carta Orgánica de la UCR, las listas podían presentar recursos de reconsideración en un plazo de 48 horas, lo que implicaba que la Junta debía expedirse antes del 15 de julio.
Mientras tanto, el presidente del partido, Federico Guidugli, solicitó una reunión con los miembros de la Junta Electoral para el 13 de julio a las 17:00 hs, a pesar de que Valderrey había informado previamente que solo podría asistir hasta las 17:45 hs debido a una situación familiar. Durante la reunión, se discutió la posibilidad de extender los plazos argumentando negociaciones para formar un Frente Electoral. Sin embargo, al no recibir respuestas oportunas ni ver respeto por los procedimientos, Valderrey presentó su renuncia y desafiliación del partido el 15 de julio.
Violencia política y evidencias
La situación se agravó cuando Valderrey descubrió que su firma había sido sustituida sin su consentimiento en los documentos rechazados y enviados a las listas, lo que la impulsó a denunciar públicamente las irregularidades. Aseguró que no aceptaría ser parte de un proceso que considera manipulado, reafirmando su decisión de desvincularse de la Junta Electoral.
Además de las irregularidades procedimentales, Valderrey denuncia una actitud de violencia política por parte de Federico Guidugli, quien la habría presionado y descalificado durante el proceso. En su relato, menciona cómo su limitación de tiempo, previamente informada por motivos familiares, fue utilizada en su contra, atribuyéndole responsabilidades que no le correspondían. La militante decidió renunciar a su cargo en la Junta Electoral y desafiliarse del partido el 15 de julio de 2025, al percatarse de que los plazos para oficializar las listas habían expirado sin que se tomaran decisiones acordes a la normativa, un acto que Valderrey interpretó como una maniobra de control político y desorganización interna.
Valderrey ha acompañado su denuncia con diversas pruebas, incluyendo correos electrónicos y capturas de conversaciones con los involucrados, que, según ella, evidencian el intento de manipulación y la sustitución de su firma sin su consentimiento.
La denuncia será evaluada por la Justicia, y Valderrey ha solicitado que se convoque a declarar a otras personas involucradas, como los apoderados de las listas “Morada” y “Amarilla”. Este conflicto ha expuesto las tensiones internas en la UCR y plantea serios interrogantes sobre la transparencia del proceso electoral de cara a las próximas internas.