dPosta – Oscar Hugo Martínez deberá apartarse de la presidencia de la Comisión de Fomento de Loventuel durante dos meses, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena en su contra por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La resolución del máximo tribunal agotó las instancias de apelación y puso en condiciones de ejecución una sanción que también contempla una multa de $5.000.
El fallo fue dictado el 29 de octubre, cuando los integrantes de la Corte desestimaron la presentación realizada por la defensa de Martínez. La decisión no implicó un nuevo análisis de los hechos, sino el rechazo del recurso de queja, por lo que quedó vigente la sentencia que había sido confirmada previamente por la Justicia pampeana.
El alejamiento de Martínez se concretará una vez que reciba la notificación oficial. La inhabilitación tendrá una duración de 60 días, cumplidos los cuales podrá volver a ocupar la conducción de la comuna.
Un préstamo y un cheque rechazado
La causa tiene su origen en una operación realizada en 2016, cuando el presidente comunal consiguió $2.600.000 para financiar trabajos de construcción, ampliación y remodelación del salón de usos múltiples de Loventuel.
Los fondos fueron reunidos entre futbolistas profesionales por el representante Sebastián Daniel Borrás Cedrún, quien mantenía un vínculo familiar con Martínez. Entre los jugadores mencionados en la denuncia presentada en 2019 figuraban Jonathan Fabbro, Nicolás Gianni, Carlos Marinelli, Diego Ceballos y Cristian Menéndez.
Como respaldo de la devolución del dinero, Martínez emitió un cheque del Banco de La Pampa a nombre de la Comisión de Fomento, por el monto total del préstamo y con fecha de cobro para junio de 2018. Sin embargo, cuando Borrás Cedrún intentó hacerlo efectivo, la entidad lo rechazó debido a un inconveniente formal relacionado con la firma de Viviana Echeveste, quien había dejado de desempeñarse como secretaria tesorera.
El dinero finalmente fue devuelto, pero esa circunstancia no evitó la condena. La Justicia entendió que Martínez comprometió fondos públicos sin contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo provincial, un requisito establecido en la Ley Provincial 1597, que regula el funcionamiento de las comisiones de fomento.
Los magistrados consideraron que el incumplimiento de esa obligación alcanzó para configurar el delito, independientemente de que no se hubiera demostrado un perjuicio económico concreto para la administración pública.
Un segundo expediente en la Corte Suprema
La situación judicial del presidente comunal también está atravesada por otra condena, vinculada con irregularidades en el manejo de fondos públicos.
En diciembre de 2021, la Audiencia de Juicio de General Pico lo sentenció a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por peculado y uso de documento privado falso, a partir de la utilización de 140 facturas apócrifas.
La investigación se inició tras una denuncia del Tribunal de Cuentas y determinó maniobras por una suma superior a los $5,5 millones. Aquella sentencia fue confirmada por el Tribunal de Impugnación Penal y el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.
A diferencia del expediente que ahora quedó cerrado con la intervención de la Corte, esta segunda causa todavía espera una definición del máximo tribunal nacional. Así, Martínez enfrenta dos condenas por distintos hechos vinculados con el ejercicio de su función pública, aunque por el momento la inhabilitación que deberá cumplir corresponde únicamente al expediente por el préstamo destinado a las obras en Loventuel.