dPosta – El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa aprobó un protocolo que establece pautas para incorporar la inteligencia artificial (IA) al trabajo judicial. La normativa, formalizada mediante el Acuerdo Nº 25/2026 del 13 de octubre, permite utilizar estas tecnologías para asistir en distintas tareas, aunque determina que el análisis jurídico y la toma de decisiones deben permanecer bajo responsabilidad de jueces y funcionarios.
La disposición alcanza a magistrados, funcionarios, empleados y profesionales auxiliares de la Justicia que recurran a sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de sus actividades. El protocolo entró en vigencia el mismo día de su aprobación.
El máximo tribunal provincial fundamentó la medida en la necesidad de modernizar los procedimientos y agilizar el trabajo. Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos de estas herramientas, que pueden producir respuestas incorrectas, referencias inexistentes o contenidos que no se ajusten a las circunstancias de un caso.
En ese sentido, el documento establece que el uso de IA no reduce las responsabilidades legales de quienes la emplean. Por el contrario, exige reforzar los controles y verificar los resultados antes de incorporarlos a una actuación judicial.
Las decisiones seguirán en manos de los jueces
Uno de los principales límites fijados por el STJ es la prohibición de delegar decisiones en sistemas automatizados. Los operadores deberán analizar personalmente los expedientes, interpretar las normas y evaluar las particularidades de cada caso antes de emitir una resolución.
También tendrán que revisar la exactitud de la información obtenida y detectar posibles sesgos o prejuicios en las respuestas generadas por estas tecnologías.
El protocolo pone especial atención en las denominadas «alucinaciones» de la inteligencia artificial, un fenómeno por el cual los sistemas presentan como verdaderos datos falsos, referencias inexistentes o información que no puede comprobarse.
Por ese motivo, establece la necesidad de controlar especialmente las citas de leyes, doctrina y jurisprudencia que se produzcan con asistencia de estas herramientas. El objetivo es evitar que errores de ese tipo se incorporen a escritos, dictámenes o resoluciones judiciales.
Confidencialidad y transparencia
La protección de los datos es otro de los ejes de la normativa. El STJ recomienda evitar la carga de información personal o confidencial de los expedientes en plataformas externas de IA y recurrir a mecanismos de anonimización que impidan identificar a las personas involucradas.
A su vez, el protocolo incorpora pautas de transparencia para el uso de estas tecnologías. Recomienda informar qué herramientas y versiones se utilizaron y dispone que los documentos jurídicos, las pruebas y las opiniones judiciales o periciales elaboradas con asistencia de inteligencia artificial estén claramente identificados.
También contempla la posibilidad de que las personas interesadas cuestionen o apelen decisiones en las que hayan intervenido estos sistemas, así como el acceso a información sobre el papel que desempeñaron durante el proceso.
Por último, el tribunal promueve la capacitación de los integrantes del Poder Judicial para que conozcan las capacidades, limitaciones y riesgos de estas herramientas.
Con esta decisión, La Pampa formalizó reglas para incorporar la inteligencia artificial a la actividad judicial, bajo una premisa central: la tecnología puede colaborar con el trabajo, pero no reemplazar el criterio profesional ni la responsabilidad de quienes administran justicia.