dPosta – El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que declaró parcialmente inconstitucional el decreto que suspendía la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pero la presentación no frenó la obligación de cumplir con la normativa. El juez Martín Cormick concedió el recurso del Poder Ejecutivo y dispuso que continúe la ejecución de la medida cautelar que ordena transferir fondos a las universidades públicas.
La controversia será ahora analizada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá resolver si confirma o revoca la decisión de primera instancia. Mientras tanto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 mantuvo vigente la orden que exige al Estado nacional otorgar las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudios, recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, contra la resolución que dejó sin efecto el Decreto 759/2025. En su apelación, el Ejecutivo sostuvo que la sentencia genera perjuicios institucionales y presupuestarios, y cuestionó los argumentos utilizados para ordenar la ejecución de la ley.
Según la postura oficial, la decisión judicial se apoya en una interpretación arbitraria y parcial del régimen presupuestario y no responde adecuadamente a las objeciones planteadas por el Estado. Además, el Gobierno advirtió que el cumplimiento de la normativa comprometería el equilibrio de las cuentas públicas al no contar con una fuente de financiamiento específica y suficiente.
La discusión por los fondos
Entre los principales argumentos, el Ministerio de Capital Humano cuestionó que el conflicto se haya tramitado mediante un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Consideró que esa vía no resulta adecuada para resolver una controversia que, a su entender, requiere determinar montos, fuentes de financiamiento y alcances de las obligaciones presupuestarias.
El Ejecutivo también planteó que la Ley de Financiamiento Universitario debe interpretarse en conjunto con las normas que regulan la administración financiera y la ejecución del gasto público. En ese sentido, sostuvo que los mayores desembolsos tendrían que cubrirse mediante reasignaciones de partidas, lo que implicaría reducir créditos destinados a otras áreas.
En el escrito presentado ante la Justicia, el Gobierno estimó que la aplicación de la ley exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional. Sobre esa base, advirtió que la confirmación del fallo podría afectar el equilibrio fiscal y la división de poderes, al obligar al Ejecutivo a ejecutar gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el presupuesto vigente.
La apelación se produce en medio de los reclamos de las universidades públicas por la actualización de los recursos para sostener su funcionamiento, la recomposición de los ingresos de sus trabajadores y la mejora de las becas estudiantiles.
Aunque la Cámara deberá pronunciarse sobre el planteo del Gobierno, la decisión de Cormick mantiene activa la cautelar. Por lo tanto, la presentación del recurso no suspende por sí misma las obligaciones fijadas judicialmente mientras continúa el trámite de la causa.