dPosta – El endeudamiento de los hogares, más allá de las alternativas de refinanciamiento que ofrecen algunos bancos, continúa siendo el principal lastre de sus presupuestos. Las familias que recurren al crédito para sostener gastos corrientes y refinanciar obligaciones que ya no pueden afrontar con sus ingresos. Los datos de PensarLab y Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) muestran que la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no se traduce en una recuperación de la capacidad de pago, mientras crece la irregularidad bancaria y se profundizan las dificultades entre los sectores de menores ingresos y los trabajadores con mayor exposición a la informalidad.
La posibilidad de refinanciar una deuda suele presentarse como una alternativa para evitar el incumplimiento, reducir el peso de las cuotas o extender los plazos de pago, pero esa herramienta pierde efectividad cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos y las nuevas obligaciones se suman a compromisos anteriores. En ese escenario, el crédito deja de funcionar como un instrumento para financiar consumos extraordinarios o inversiones familiares y pasa a convertirse en un recurso para llegar a fin de mes, con un margen cada vez más reducido para regularizar la situación financiera.
Un informe de PensarLab, elaborado a partir de indicadores de endeudamiento y de un relevamiento del Centro de la Ciudad, permite dimensionar el problema: el 58% de los argentinos tomó un préstamo, utilizó crédito o financió gastos durante los últimos meses. La proporción asciende al 63% entre las mujeres y al 65% en los sectores de menores ingresos, una distribución que muestra cómo las restricciones presupuestarias empujan a una parte importante de la población a buscar recursos por fuera de sus ingresos habituales.
Entre quienes utilizaron crédito, el 26% lo destinó principalmente a comprar alimentos, el 21% a cubrir gastos cotidianos del hogar y el 15% a pagar servicios, impuestos u otras obligaciones, mientras que otro 14% lo utilizó para cancelar deudas anteriores. Es decir, una parte significativa del financiamiento no se dirige a adquirir bienes durables o realizar inversiones, sino a sostener el consumo básico y cubrir compromisos que ya estaban pendientes.
El informe de CEC advierte que la brecha entre quienes recaen en el atraso de pagos y quienes logran salir adelante pone en evidencia las fallas estructurales del sistema de refinanciación actual. “El costo del estrés financiero: El porcentaje residual de usuarios permanece en una zona de fragilidad constante, donde cualquier imprevisto cotidiano reactiva el ciclo de morosidad. El dato del 30,5% de reincidencia demuestra que renegociar no equivale a desendeudarse. Hoy las familias toman nuevas condiciones simplemente para ganar tiempo, pero con costos que terminan siendo una trampa”, destacan desde el equipo de análisis del Mapa de la Deuda.
Ese último dato resulta central para entender por qué las refinanciaciones no necesariamente resuelven el problema del endeudamiento familiar. Cuando una persona solicita un nuevo préstamo para cancelar una obligación anterior, puede evitar temporalmente un incumplimiento, pero no mejora su situación patrimonial si sus ingresos continúan siendo insuficientes para afrontar los gastos mensuales. La deuda se desplaza hacia adelante, con nuevos vencimientos y, según las condiciones del financiamiento, mayores costos acumulados, sin que exista una recuperación equivalente de la capacidad de pago.
El relevamiento de Casa Tres también muestra que la perspectiva de los propios deudores es incierta. Ante la consulta sobre si podrán saldar sus obligaciones, apenas el 34% respondió afirmativamente, mientras que el 37% consideró que no podrá hacerlo y el 26% manifestó que no lo sabe. En otras palabras, solamente alrededor de uno de cada tres deudores tiene confianza en que podrá cumplir con sus compromisos, una señal de que la posibilidad de refinanciar no alcanza, por sí sola, para despejar las dificultades financieras.
La mora bancaria llegó a un máximo histórico
Según los datos incluidos en el informe de Pensar Argentina, la irregularidad de los créditos a las familias alcanzó el 12,9% en julio de 2026, frente al 5,6% registrado un año antes. El incremento refleja el deterioro de la capacidad de pago de los hogares y la dificultad para cumplir con las obligaciones asumidas en un contexto en el que el financiamiento al consumo tiene un peso creciente en la economía cotidiana.
El documento advierte que la irregularidad bancaria familiar se encontraba en su máximo de la serie iniciada en 2010. Aunque algunos indicadores de mora temprana mostraron una reducción, esa evolución no alcanza para afirmar que el problema haya comenzado a normalizarse, dado que el nivel general de incumplimiento continúa en valores elevados.
La distinción es importante porque la mora temprana y la irregularidad bancaria no miden exactamente lo mismo. La primera permite observar dificultades iniciales en el cumplimiento de las obligaciones, mientras que la segunda refleja una situación de mayor deterioro de los créditos. Por eso, una reducción de los atrasos en las primeras etapas no implica necesariamente que los deudores hayan recuperado la capacidad de pago o que las refinanciaciones estén dando resultado.
El relevamiento de Centro de la Ciudad agrega otra dimensión: el 54% de los consultados manifestó haberse atrasado o haber dejado de pagar alguna obligación por motivos económicos durante los últimos meses. Este indicador comprende distintos tipos de compromisos y no debe confundirse con la mora bancaria, pero permite observar la extensión de las dificultades para afrontar gastos y vencimientos en la economía doméstica.
Entre quienes reconocieron atrasos o incumplimientos, los servicios encabezan las menciones, con el 46%, seguidos por las tarjetas de crédito, con el 36%, y los préstamos o deudas, con el 33%. La distribución muestra que las dificultades no se circunscriben al sistema financiero, sino que también alcanzan obligaciones vinculadas con el funcionamiento cotidiano del hogar.
La acumulación de atrasos en servicios, tarjetas y préstamos puede generar un circuito de retroalimentación: los hogares postergan determinados pagos para priorizar otros gastos, recurren a financiamiento para cubrir los compromisos más urgentes y luego enfrentan nuevas cuotas que compiten con los mismos ingresos. Si la refinanciación no reduce de manera efectiva el peso de la deuda sobre el presupuesto, el alivio inicial puede transformarse en una postergación del incumplimiento.
El deterioro se concentra particularmente en las modalidades de crédito que suelen utilizarse para financiar el consumo. De acuerdo con el informe, los préstamos personales registraron una irregularidad del 16,7% y las tarjetas de crédito del 12,8%, frente al 8,1% de los créditos prendarios y el 1,6% de los hipotecarios. La diferencia entre estas líneas de financiamiento responde, entre otros factores, a sus características y a los destinos habituales del dinero.
El endeudamiento golpea a sectores de menores ingresos
Las dificultades para cumplir con las obligaciones presentan diferencias significativas según el nivel socioeconómico. Los atrasos declarados alcanzan al 72% en los sectores de menores ingresos, frente al 43% en los sectores medios y al 30% en los altos. La brecha muestra que el deterioro financiero no se distribuye de manera uniforme y que los hogares con menos recursos enfrentan mayores dificultades para absorber aumentos de gastos o una reducción de su poder adquisitivo.
La relación entre ingresos y endeudamiento también aparece en los datos sobre préstamos informales. A partir de información del INDEC, el informe identifica que el 30% de los hogares vinculados con el servicio doméstico recurrió a familiares o amigos para pedir dinero. En hoteles y restaurantes, la proporción llega al 25%, mientras que en industria, comercio y enseñanza se ubica en el 18%.
El recurso a familiares y amigos constituye una señal adicional de las restricciones que enfrentan determinados sectores para acceder a financiamiento formal o sostener sus compromisos con los ingresos habituales. En actividades con una mayor presencia de informalidad, empleos inestables o remuneraciones insuficientes, la posibilidad de demostrar ingresos regulares y acceder a condiciones de crédito más favorables puede ser más limitada.
A diferencia de un préstamo bancario, estas ayudas no siempre tienen intereses explícitos ni plazos de devolución establecidos, pero tampoco representan una solución estructural. La necesidad de pedir dinero a personas cercanas para cubrir gastos corrientes evidencia que los recursos disponibles no alcanzan para afrontar las necesidades del hogar y que el endeudamiento se extiende más allá de los canales tradicionales.
El informe identifica que la mora alcanza al 37% de los deudores de entre 18 y 25 años y a la misma proporción en el grupo de 26 a 35 años. El porcentaje desciende progresivamente con la edad hasta ubicarse en el 16% entre los mayores de 66 años. La exposición de los jóvenes adquiere relevancia porque las dificultades para cumplir con las primeras obligaciones financieras pueden condicionar el acceso futuro al crédito.
Fuente: El Destape