dPosta – La decisión de la Corte Suprema de Justicia que volvió a habilitar la venta de tierras rurales a extranjeros abrió una nueva disputa política entre el Gobierno nacional y sectores de la oposición que cuestionan la eliminación de las restricciones que regían desde 2011.
El máximo tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
La resolución no implicó un pronunciamiento sobre la validez constitucional de la derogación. La Corte, integrada en este caso por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fundamentó su decisión en una cuestión procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había impulsado la demanda judicial, no tenía legitimación para presentar esa acción colectiva y que no existía un caso concreto que habilitara la intervención judicial.
De esta manera, el tribunal dejó sin efecto el fallo de la Cámara platense y volvió a poner en vigencia la modificación impulsada por el Ejecutivo nacional.
El cambio sobre la Ley
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre sus principales restricciones fijaba que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de una provincia o de un departamento, además de establecer límites específicos para determinadas zonas consideradas estratégicas.
El DNU 70/2023 eliminó esas restricciones al derogar la normativa. La discusión judicial se concentró en si ese cambio podía avanzar mediante un decreto presidencial y si la organización que presentó el amparo estaba habilitada para cuestionarlo.
Con el fallo de la Corte, las limitaciones previstas por la ley dejaron de estar vigentes, aunque el máximo tribunal no analizó si la derogación realizada por el Gobierno cumple o no con la Constitución.
Kicillof: “El fallo de la infamia”
Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof calificó la resolución como “el fallo de la infamia” y sostuvo que la decisión afecta la soberanía nacional.
El mandatario bonaerense afirmó que la Corte adoptó una decisión “gravísima” y vinculó el fallo con la discusión política que se había dado semanas atrás en el Congreso sobre la posibilidad de flexibilizar las restricciones para la compra de tierras por extranjeros.
Según Kicillof, el oficialismo nacional no logró avanzar con esa modificación por la vía legislativa debido a la falta de respaldo parlamentario y ahora buscaría concretarla mediante una decisión judicial.
“El propósito es entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”, planteó el gobernador, quien también cuestionó la posición del presidente Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas y sostuvo que la resolución contradice los discursos vinculados a la defensa del territorio nacional.
Kicillof sostuvo además que la discusión excede la propiedad privada y alcanza a recursos considerados estratégicos, como la tierra y el agua.
Rechazo pampeano
En La Pampa también hubo críticas desde el peronismo. El senador nacional Daniel Bensusán expresó su rechazo al fallo y afirmó que “la Patria no se vende”.
El legislador sostuvo que la resolución de la Corte representa “una señal de alerta para nuestra soberanía” y cuestionó que una modificación que no pudo concretarse en el Congreso avance ahora por una vía judicial.
“Lo que no pudieron conseguir en el Congreso, ahora pretenden conseguirlo en la Corte Suprema, avasallando una voluntad que se expresó ampliamente en defensa de nuestra tierra y nuestros recursos”, afirmó Bensusán.
El senador pampeano señaló que la tierra, el agua y los recursos naturales forman parte del patrimonio estratégico del país y aseguró que continuará defendiendo una Argentina “que decida sobre sus propios recursos”.
La crítica de Marín
La diputada nacional Varinia “Lichi” Marín también cuestionó la decisión del máximo tribunal y puso el eje en la relación entre la sociedad y el Poder Judicial.
“La soberanía queda en manos de quienes nadie votó”, expresó la legisladora de Unión por la Patria, al referirse al fallo que dejó sin efecto la sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras.
Marín vinculó su cuestionamiento con un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que relevó opiniones sobre la percepción social respecto del funcionamiento judicial. A partir de esos datos, sostuvo que existe un fuerte nivel de desconfianza hacia la Justicia.
La diputada afirmó además que la decisión de la Corte generaba una reacción social y advirtió: “Las calles son nuestras”.