dPosta – La disputa por las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles sumó un nuevo capítulo de tensión entre La Pampa y Mendoza, luego de que el gobernador mendocino Alfredo Cornejo cuestionara la intervención del Juzgado Federal de Santa Rosa y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez saliera al cruce para defender la estrategia judicial pampeana.
El conflicto se reactivó después de que el juez federal Juan José Baric hiciera lugar a una medida cautelar presentada por La Pampa y suspendiera provisoriamente los artículos del Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei, que modificó el esquema vigente durante más de cinco décadas y otorgó a Mendoza la totalidad de las regalías generadas por Los Nihuiles.
La resolución judicial permitió mantener, de manera temporal, el reparto del 50% para cada provincia, mientras avanza la discusión de fondo sobre la validez de la nueva normativa.
Luego del fallo, Cornejo anunció que Mendoza y el Estado nacional solicitaron la inhibición del Juzgado Federal de Santa Rosa al considerar que la controversia debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ya tramita una causa iniciada por la provincia cuyana.
“Así como lo solicitó Mendoza, la Nación también requirió la inhibición del juzgado federal local de Santa Rosa, La Pampa, por su incompetencia frente a lo ya resuelto sobre las regalías de Los Nihuiles. Es la Corte Suprema la que tiene que decidir”, expresó el mandatario mendocino.
En su planteo, Cornejo sostuvo que La Pampa buscó introducir la discusión por una vía judicial que no corresponde. “La Pampa intentó meter por la ventana una disputa que ya habíamos ingresado por la puerta, como corresponde”, afirmó, y agregó: “Sabían que el juzgado de Santa Rosa es incompetente y así y todo avanzaron. ¿Ignorancia? No creo. ¿Manotazo? Tal vez”.
El gobernador mendocino sostiene que las regalías deben pertenecer exclusivamente a Mendoza porque la infraestructura hidroeléctrica se encuentra en su territorio. En esa línea, había señalado previamente que “mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”.
La respuesta pampeana
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien asesora a La Pampa en la estrategia judicial, respondió a los argumentos de Cornejo y defendió la actuación del Juzgado Federal de Santa Rosa.
Según su interpretación, el planteo mendocino confunde dos expedientes diferentes: por un lado, la causa que Mendoza inició ante la Corte Suprema por el reclamo histórico de regalías y, por otro, la presentación realizada por La Pampa contra el Decreto 982/2026.
Para Gil Domínguez, la causa que tramita en el máximo tribunal no tiene como objeto cuestionar la nueva norma presidencial, por lo que la impugnación del decreto puede ser analizada por la Justicia Federal pampeana.
El abogado respondió directamente al gobernador mendocino y sostuvo que su postura “no es constitucionalmente adecuada”. Además, reclamó: “Respete el federalismo de concertación, la división de poderes, el sistema republicano y la independencia del Poder Judicial. No sea intermitente”.
El constitucionalista fundamentó su posición en antecedentes de la Corte Suprema y sostuvo que la competencia originaria del máximo tribunal puede ser prorrogada en determinadas circunstancias cuando están en juego derechos provinciales.
Una disputa con décadas de historia
La controversia por Los Nihuiles tiene su origen en el Decreto 1560/73, que estableció el reparto equitativo de las regalías hidroeléctricas entre La Pampa y Mendoza. Luego, la Ley 23.164 elevó el porcentaje de regalías y consolidó el esquema por el cual ambas provincias recibían una parte de los recursos.
El Decreto 982/2026 dejó sin efecto esa distribución y determinó que Mendoza percibiera la totalidad de las regalías, decisión que fue cuestionada por La Pampa ante la Justicia Federal.
Mientras Mendoza busca que la discusión quede concentrada en la Corte Suprema, La Pampa sostiene que corresponde analizar en Santa Rosa la constitucionalidad de la nueva medida nacional. El conflicto, que combina argumentos políticos y jurídicos, continúa ahora en los tribunales.