dPosta – La Justicia de General Pico condenó a Omar Carim Sesto Gadhade a 90 días de prisión de efectivo cumplimiento por haber estafado a una empresa constructora local mediante una operación comercial en la que utilizó cheques adulterados para quedarse con maquinaria valuada en $24 millones.
La resolución fue dictada por el juez de Control de la Segunda Circunscripción Judicial, Diego Julio Ambrogetti, a partir de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal. El magistrado declaró además la reincidencia del acusado y consideró cumplida la pena con el tiempo que permaneció detenido bajo prisión preventiva.
La maniobra se produjo el 4 de mayo de este año, cuando Sesto Gadhade se contactó a través de WhatsApp con representantes de RC Construcciones, firma perteneciente a Néstor Ramiro Campanari, que había puesto a la venta un autoelevador marca Hecha, modelo FD-25, junto con un tráiler balancín para su traslado.
El acusado viajó hasta General Pico y, una vez acordada la operación, ambas partes firmaron un boleto de compraventa por $24 millones. Como supuesto pago, entregó dos cheques diferidos por un total de $27 millones y recibió posteriormente $3 millones de diferencia.
El problema surgió cuando los documentos fueron presentados al cobro. La investigación estableció que los cheques tenían irregularidades y una orden de no pago por adulteraciones. Aunque aparentaban corresponder a la firma Rafa SA, en realidad estaban vinculados con una cuenta bancaria perteneciente a Gastronomía Bazaar SA.
La maquinaria terminó en Mendoza
Después de concretar la operación, el autoelevador y el tráiler fueron retirados de un predio ubicado en las inmediaciones de la Ruta Provincial 1 y la Rotonda de Trebolares. Para trasladarlos intervino una empresa de transporte local, que llevó los bienes hasta San Martín, Mendoza.
La empresa damnificada intentó cobrar los cheques sin éxito y posteriormente realizó la denuncia que dio origen a la investigación judicial.
Durante el proceso, Campanari fue informado sobre el acuerdo de juicio abreviado y manifestó su conformidad con la resolución. Sin embargo, solicitó que se mantenga vigente la orden de secuestro del autoelevador y el tráiler, debido a que ambos bienes continúan sin ser recuperados.
Con la sentencia, la Justicia consideró acreditado que el acusado utilizó un engaño para generar una apariencia de solvencia y obtener la entrega de los bienes, provocando el perjuicio económico a la empresa constructora.