dPosta – El Gobierno nacional oficializó una actualización del 1,7% para las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, una suba que las organizaciones del sector consideran insuficiente frente al atraso acumulado en los valores de atención.
La medida fue establecida por la Secretaría Nacional de Discapacidad a través de la Resolución 3487/2026, publicada en el Boletín Oficial, y responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. El incremento se suma a los ajustes mensuales aplicados en los últimos meses, aunque desde entidades vinculadas al área advierten que no alcanza para recomponer la pérdida acumulada.
Desde el Foro Permanente Discapacidad señalaron que persisten tres reclamos centrales: la compensación por los valores perdidos durante períodos anteriores, la realización de un estudio de costos que determine el precio real de cada prestación y la regularización de las pensiones que, según indicaron, continúan demoradas.
Las organizaciones sostienen que las prestaciones mantienen un desfasaje cercano al 40% respecto de los costos actuales del sector. El problema, explican, se arrastra desde la implementación del esquema de actualización previsto por la normativa vigente, ya que los ajustes mensuales comenzaron a aplicarse sobre valores de diciembre de 2024 sin contemplar plenamente la inflación acumulada durante ese año.
La interna oficial
El conflicto por la situación del sector quedó atravesado además por una disputa dentro del propio oficialismo a partir de los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, por la incorporación de modificaciones vinculadas al régimen de discapacidad sin una discusión previa con los legisladores del espacio.
En declaraciones públicas, Bullrich expresó su malestar por la forma en que se incorporaron las reformas y calificó la situación como “una bomba atómica”. “A mí no me tomen de tonta”, afirmó, al reclamar mayor coordinación dentro del Gobierno.
La senadora sostuvo que las iniciativas impulsadas desde el área económica debían ser debatidas antes de llegar al Congreso y planteó que la falta de información afecta la dinámica interna del oficialismo.
Cambios bajo discusión
Los principales cuestionamientos de las organizaciones apuntan a los artículos 36 al 41 del proyecto presupuestario, donde se proponen modificaciones al sistema de prestaciones y al acceso a determinados beneficios.
Entre los cambios señalados figura la sustitución del enfoque social de discapacidad por una definición vinculada a la invalidez laboral, además de modificaciones en los mecanismos de acceso a pensiones no contributivas.
También se plantean cambios en el esquema de aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas, con la posibilidad de establecer valores diferenciados según financiadores o jurisdicciones, y una modificación en la periodicidad de actualización.
Mientras el Gobierno sostiene su política de revisión del gasto público, las organizaciones del sector anticiparon que continuarán reclamando por una recomposición de los recursos y no descartan nuevas medidas de protesta frente al impacto de las reformas.