dPosta – El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional abrió una nueva discusión política y social por una serie de artículos que modifican normas vinculadas con discapacidad, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. La iniciativa no solo establece partidas para el próximo ejercicio, sino que también propone derogar mecanismos incorporados por leyes específicas que garantizaban actualizaciones y determinados derechos para los beneficiarios.
Entre los puntos más cuestionados aparece la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada este año, a través de distintos artículos incluidos en el proyecto presupuestario. Las reformas alcanzan al sistema de prestaciones, los aranceles que reciben los prestadores, la cobertura de salud y la compatibilidad entre pensiones no contributivas y determinados ingresos laborales.
Uno de los cambios centrales es la eliminación del esquema de nomenclador único nacional para las prestaciones de discapacidad. La normativa vigente establecía valores comunes para todo el país, mientras que la nueva redacción plantea que la universalidad del sistema no implicará una homogeneidad de aranceles.
De esta manera, los valores podrían pasar a definirse mediante acuerdos entre prestadores y cada obra social, prepaga o jurisdicción estatal. Desde sectores opositores advirtieron que esto podría generar una fragmentación del sistema y diferencias en los montos reconocidos por cada entidad.
El proyecto también deja sin efecto la actualización automática mensual de los aranceles vinculada al índice de movilidad jubilatoria y elimina la herramienta de estudio de costos que permitía analizar el valor de determinadas prestaciones según la realidad específica de cada servicio.
Otro de los puntos incluidos es la modificación de la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y el trabajo registrado o el monotributo. La ley de emergencia había permitido mantener ese beneficio cuando la persona accedía a ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos. El nuevo texto elimina esa posibilidad y establece que cualquier empleo formal o alta tributaria podría provocar la pérdida de la pensión.
Además, el Presupuesto modifica aspectos relacionados con la cobertura sanitaria de los titulares de pensiones por discapacidad y redefine la referencia utilizada para determinar quiénes son considerados personas con discapacidad dentro del sistema.
Cambios en la AUH
El proyecto también incorpora cambios en el régimen de asignaciones familiares y universales. A través del artículo 17, el Ejecutivo propone derogar artículos centrales de la Ley 27.160, norma que estableció en 2015 la movilidad automática de estas prestaciones.
La modificación alcanza a la AUH, la Asignación Universal por Embarazo, las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, adopción, matrimonio y ayuda escolar. De aprobarse la iniciativa, los montos continuarían existiendo, pero dejarían de contar con una actualización automática vinculada a la inflación.
El texto no incorpora una fórmula alternativa ni fija una periodicidad obligatoria para los aumentos, por lo que las futuras actualizaciones quedarían sujetas a decisiones del Poder Ejecutivo mediante decretos o resoluciones.
Según las planillas oficiales, el Presupuesto 2027 contempla $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares, una cifra que representa un incremento nominal respecto de la partida prevista para 2026. Dentro de ese total, $9,18 billones corresponden a AUH, Asignación Universal por Embarazo y ayuda escolar, con una cobertura proyectada de más de cuatro millones de beneficiarios.
El Gobierno sostiene que estos cambios buscan reducir rigideces en el gasto público y dar mayor flexibilidad a la administración de los recursos. Desde sectores opositores, en cambio, cuestionan que la iniciativa elimine garantías legales de actualización y modifique derechos establecidos mediante leyes específicas a través de un proyecto de Presupuesto.
La discusión quedará ahora en manos del Congreso, donde los artículos vinculados a discapacidad y asignaciones sociales formarán parte de los principales puntos de debate durante el tratamiento de la ley.