dPosta – La Fundación Chadileuvú (Fuchad), organización pampeana con más de cuatro décadas de trayectoria en la defensa de los recursos hídricos provinciales, rechazó la decisión del Gobierno nacional de Javier Milei de modificar el esquema de distribución de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles.
En un duro comunicado titulado “Mendoza, una provincia delincuente y Gobiernos nacionales cómplices”, la entidad cuestionó el accionar de Mendoza y de distintos gobiernos nacionales y reivindicó los antecedentes jurídicos que sustentaron el reparto del 50% de las regalías para La Pampa.
El documento completo
“El decreto del presidente Milei confirma la felonía del gobierno nacional contra nuestra provincia. Mendoza es una provincia delincuente porque robó dos ríos, el Atuel y el Desaguadero al que nosotros llamamos Salado-Chadileuvú-Curacó. Fue condenada a compartir una mínima parte de lo robado. La sentencia fue dictada por el máximo organismo de justicia de la Nación, Mendoza desacató y los gobiernos nacionales, quienes son los que deben obligar a cumplirla, no hicieron nada. Nuestra provincia reclamó reiteradas veces que se cumpla lo dispuesto por la Suprema Corte, la respuesta fue solo el silencio y la inacción. Existe una evidente complicidad de dichos gobiernos.
Las represas de los Nihuiles fueron construidas por el Estado Nacional, o sea pagadas por todos los argentinos. Por eso La Pampa era también dueña de esos importantes diques.
En 1973 ante los históricos reclamos pampeanos por la interprovincialidad del Atuel, en 1973 el entonces gobierno estableció que las regalías generadas por el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles (ubicado sobre el río Atuel) debían ser distribuidas en partes iguales (50% y 50%) entre las provincias de Mendoza y La Pampa. El fundamento fue la interprovincialidad del recurso, hecho no reconocido por Mendoza quien siempre se consideró la única dueña del río.
En 1987 la Suprema Corte estableció justicia y sentenció lo que era evidente, el Atuel era un río interprovincial.
En el año 1992, durante la furia privatizadora del gobierno del presidente Menem, el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa suscribieron un convenio integral para ordenar el sector eléctrico. En ese acuerdo, La Pampa otorgó su consentimiento político e institucional para que la Nación le transfiriera la propiedad y el control de las fuentes hidroeléctricas directamente a la provincia de Mendoza (lo que permitió la posterior privatización y creación de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A.).
En dicho acuerdo se mantuvo el pago de regalías, ese acuerdo fue aprobado por las legislaturas provinciales y homologado por la Corte Suprema.
Hoy el gobierno del presidente Milei anula el decreto de Lanusse y le retribuye los favores políticos a Mendoza por el apoyo a su política. Así perdemos el premio consuelo de la inequidad”.