dPosta – El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) resolvió conceder el arresto domiciliario a Mauricio Bajo y Gonzalo Torres, imputados en la investigación por el robo de 250 mil dólares denunciado por el empresario Ariel Prada en General Pico. La decisión modificó la resolución del juez de control Alejandro Gilardenghi, quien dos días antes había rechazado el pedido de la defensa y mantenido la prisión preventiva para ambos.
La medida tuvo aplicación inmediata y habilitó el inicio de los trámites para trasladar a los dos imputados a sus respectivos domicilios. Bajo se encontraba detenido en la Comisaría Segunda de General Pico, mientras que Torres permanecía alojado en la localidad de Parera.
Con esta resolución, la causa atraviesa una nueva instancia procesal: ya no quedan imputados cumpliendo prisión preventiva. Claudio Arhex, otro de los principales sospechosos de la investigación, había sido beneficiado previamente con el arresto domiciliario dispuesto por el juez Gilardenghi. En tanto, Luján Luna, socia comercial de Prada y señalada por los investigadores como posible integrante de la maniobra, fue formalizada, aunque nunca permaneció detenida.
Una medida que cambia el escenario
La resolución del TIP se produjo luego del planteo presentado por el defensor Martín Herrero Galvagno, quien había cuestionado la continuidad de la prisión preventiva para Bajo y Torres. El pedido había sido rechazado inicialmente por Gilardenghi, quien había considerado que todavía existían riesgos vinculados con el desarrollo de la investigación, particularmente por la posibilidad de entorpecimiento.
La decisión del tribunal de alzada modificó ese escenario y permitió que los dos imputados continúen el proceso fuera de una unidad de detención. La investigación, sin embargo, permanece abierta y todavía existen medidas de prueba pendientes.
Entre ellas se encuentra el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos. También resta avanzar con otras medidas solicitadas por las partes y con la evaluación del material reunido hasta el momento.
El Ministerio Público Fiscal deberá determinar, una vez completadas esas diligencias, si existen elementos suficientes para avanzar hacia una acusación y eventualmente llevar la causa a juicio.
Una investigación con varios interrogantes
El expediente se inició a partir de la denuncia de Prada por la sustracción de 250 mil dólares que se encontraban en su vivienda de la calle 7. La hipótesis fiscal sostiene que el robo fue ejecutado mediante una maniobra coordinada y con distintos niveles de participación.
Según la reconstrucción presentada durante las primeras audiencias, Mauricio Bajo habría ingresado a la vivienda luego de superar un tapial y acceder por una puerta balcón. En el interior habría encontrado una carpeta con 200 mil dólares y otros 50 mil que estaban ocultos entre libros.
La investigación ubicó a Torres y Arhex en tareas de apoyo y vigilancia en las inmediaciones del domicilio, a bordo de un Ford Focus en el cual fueron filmados por cámaras de seguridad. Posteriormente, Bajo habría sido trasladado hasta la vivienda de Torres, donde se habría cambiado de ropa antes de continuar su recorrido.
Entre los elementos que habían sido considerados por la Justicia para sostener las medidas de coerción figuraron también los dólares encontrados durante los allanamientos. En el domicilio de Torres fueron secuestrados siete billetes de 100 dólares, mientras que en la vivienda de Arhex aparecieron otros ocho billetes de la misma denominación. La coincidencia en la numeración de parte de esos billetes fue incorporada como un indicio dentro de la investigación.
La Fiscalía también puso bajo análisis las relaciones comerciales y personales que algunos de los sospechosos mantenían con Prada. Torres había realizado trabajos de construcción para el empresario, mientras que Arhex tenía vínculos comerciales con él y le alquilaba autoelevadores. A su vez, la investigación incorporó la participación de Luna, quien conocía los movimientos de Prada y habría intervenido en la maniobra destinada a alejarlo de su domicilio el día del robo.
La defensa mantiene sus cuestionamientos
Mientras el proceso avanza, la defensa de Bajo y Torres sostiene una posición diferente de la hipótesis fiscal. El planteo cuestiona tanto la participación de sus representados como algunos aspectos centrales del hecho denunciado.
La estrategia defensiva apunta, entre otros aspectos, a determinar con precisión si efectivamente fueron sustraídos los 250 mil dólares denunciados y cuál era la cantidad de dinero que se encontraba en la vivienda. También sostiene que todavía existen dudas relevantes sobre la forma en que se produjo el ingreso al inmueble y sobre la intervención concreta que habría tenido cada una de las personas investigadas.
El otorgamiento de la prisión domiciliaria no implica el cierre de la causa ni modifica las imputaciones formuladas hasta el momento.
La investigación deberá avanzar sobre los teléfonos, las comunicaciones, los movimientos registrados antes y después del robo y las restantes medidas de prueba pendientes. Recién con esos elementos la Fiscalía podrá definir si mantiene la hipótesis acusatoria y si la causa está en condiciones de avanzar hacia una eventual acusación.