dPosta – La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia informó que, la semana pasada, tomó conocimiento de una situación que involucraría a una pareja que habría recibido a un niño de parte de su progenitora, en un contexto de vulnerabilidad y a cambio de dinero. Se realizó la una denuncia penal y el niño se puso a cuidado y resguardo estatal.
Si bien se trata de casos muy distintos, llamó la atención que desde la dependencia provincial se informe públicamente la situación durante la misma tarde en que, en la localidad de Rancul, se llevaba a cabo una manifestación de vecinos en apoyo a la familia de contención que reclama por la tenencia de un bebé, que este lunes deberá entregar por orden judicial.
Según indicaron desde la Subsecretaría, el Organismo Municipal de Protección de Derechos radicó una denuncia penal por el niño piquense el pasado 3 de septiembre. Ese mismo día, la pareja involucrada efectuó una presentación ante el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N.º 3 de General Pico, con el propósito de regularizar judicialmente la situación.
El Juzgado rechazó la petición de la pareja y dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal, ante la posible existencia de una conducta delictiva vinculada con la apropiación del niño y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
Asimismo, durante las intervenciones realizadas se detectaron elementos que podrían indicar una modificación del nombre del niño mientras se encontraba bajo el cuidado de la pareja, circunstancia que también fue puesta en conocimiento de la Justicia por su posible vinculación con un delito contra la identidad.
Ante la situación, y con carácter urgente, se adoptó la medida excepcional prevista por la normativa de protección integral de derechos. Actualmente, el niño se encuentra al cuidado y resguardo de un dispositivo estatal especializado.
Protección integral y respeto por los procedimientos legales
Desde la Subsecretaría se remarcó que las entregas directas de niñas y niños entre particulares, al margen de los procedimientos establecidos por la legislación vigente, no constituyen una vía válida para determinar vínculos de filiación o adopción y pueden configurar conductas delictivas que deben ser investigadas por la Justicia.
El organismo recordó que, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, los tratados internacionales y la legislación nacional y provincial vigente, los procesos de adopción requieren necesariamente la intervención de los organismos competentes y de la autoridad judicial, además de la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
En ese sentido, se destacó que cualquier procedimiento por fuera de las vías legalmente establecidas puede vulnerar derechos fundamentales de niñas y niños, particularmente su derecho a la identidad y su interés superior.
La Subsecretaría reiteró que la prioridad de las intervenciones estatales es garantizar la protección integral de los derechos de las infancias, con especial atención a situaciones de vulnerabilidad y en estricto cumplimiento de las normas vigentes.