dPosta – El paro nacional docente se cumplió en la provincia de La Pampa con un acatamiento superior al 95 %, según los relevamientos oficiales dados a conocer por la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa). La medida de fuerza en las escuelas pampeanas se desarrolló en un escenario marcado por el debate legal y jurisdiccional en torno a las advertencias emitidas por el Gobierno nacional respecto al control del presentismo y el funcionamiento mínimo de los establecimientos educativos.
La titular del gremio docente provincial, Claudia Calderón, aclaró que los trabajadores de la educación se encuentran plenamente amparados por la legislación vigente para adherir a la huelga y que no están obligados a garantizar el 75 % de prestación habitual que reclama el Ejecutivo nacional. Al respecto, explicó que la aplicación del artículo de la ley que declara a la educación como servicio esencial y exige dicho porcentaje de funcionamiento se encuentra suspendida por una medida cautelar dictada por la Justicia laboral.
En relación con el anuncio federal sobre la realización de controles en los colegios, desde Utelpa se remarcó que la Nación carece de legitimidad y de facultades constitucionales para auditar el sistema educativo pampeano. La administración, gestión directa y supervisión de las escuelas dentro del territorio son competencias exclusivas del Gobierno de La Pampa. En esa línea, la Secretaría de Trabajo provincial confirmó que no recibió ninguna notificación formal ni requerimiento vinculado con pedidos de inspección por parte de las autoridades nacionales.
Calderón calificó el accionar del Gobierno federal como una provocación hacia el sector docente. “Consideramos que el anuncio del Ministerio de Capital Humano de realizar inspecciones muestrales y aplicar sanciones bajo la invocación de la Ley de Esencialidad es un acto de persecución, amedrentamiento y una clara provocación hacia los trabajadores de la educación”, sostuvo la dirigente.
Además, la secretaria general del sindicato pampeano profundizó en las razones coyunturales del conflicto educativo. Indicó que la desinversión presupuestaria impacta directamente en las dinámicas escolares provinciales y nacionales, señalando la falta de obras de infraestructura, la subejecución de partidas y la eliminación de fondos específicos. “El Gobierno nacional no cuenta con la estructura ni con la legitimidad federal para intervenir de forma unilateral en las dinámicas escolares pampeanas”, enfatizó.
Los reclamos salariales que motivaron la medida
La huelga de 24 horas fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), con la adhesión de las entidades de base en las distintas jurisdicciones, entre ellas Utelpa en La Pampa. La decisión sindical se fundamentó en una serie de demandas laborales y salariales acumuladas durante los últimos meses, motivadas principalmente por el congelamiento del salario mínimo docente en el piso de 500.000 pesos desde hace un año.
El petitorio central de la organización gremial exigió la reapertura urgente de la Paritaria Nacional Docente para recomponer el poder adquisitivo del sector frente a la inflación. Asimismo, el reclamo incluyó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el Gobierno nacional, y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo que asegure recursos sustentables para las provincias.
La plataforma de reivindicaciones sumó también el rechazo al proyecto oficial denominado Ley de Libertad Educativa y a cualquier posible modificación previsional que afecte los regímenes especiales de jubilación docente. En forma paralela, la confederación requirió un incremento real de las partidas destinadas a infraestructura escolar, programas socioeducativos, becas de estudio, conectividad en las aulas y el sostenimiento de los comedores escolares.
El accionar del Ministerio de Capital Humano y la postura oficial
En el ámbito federal, el Gobierno nacional ratificó su postura respecto a la vigencia de las reformas introducidas en el sistema laboral y educativo. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, dispuso el inicio de verificaciones desde las 8:30 de la mañana para corroborar el cumplimiento del funcionamiento de al menos el 75 % del servicio regular en las escuelas, conforme al artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral.
Fuentes oficiales de esa cartera explicaron que las posibles sanciones administrativas que pudieran recaer sobre las organizaciones sindicales no requerirán la sustanciación previa de un procedimiento administrativo formal para comprobar el presunto incumplimiento. La decisión oficial apuntó a responsabilizar directamente a los sindicatos por la garantía del servicio.
Por su parte, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, se refirió al alcance legal del conflicto sindical en una entrevista con Radio La Red. El funcionario precisó: “Es la primera vez que sucede una medida de fuerza, de estas características, con la ley de modernización vigente”. Cordero remarcó que el nuevo marco legal establece pautas concretas sobre los servicios de importancia estratégica.
“Si no se cumple el 75 % de presentismo habrá un proceso para determinar sanciones, aunque no estamos pensando en aplicarlas sobre los docentes. Los gremios son los encargados de cumplir con la ley”, manifestó el titular de la Secretaría de Trabajo, al delimitar el foco de las posibles medidas sancionatorias en las conducciones gremiales y no en los educadores en forma individual.
El resultado del paro en las provincias
El acatamiento a la convocatoria de Ctera presentó un comportamiento dispar a lo largo del territorio nacional, con diferencias significativas según la situación paritaria provincial y la adhesión de los sindicatos locales. El mayor nivel de paralización se verificó en la provincia de Buenos Aires, donde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) informó una adhesión superior al 90 %.
En la provincia de Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) registró un cumplimiento del 75 % en los establecimientos públicos. En sentido opuesto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la actividad escolar se desarrolló con una apertura mayoritaria de las escuelas, reflejando un acatamiento de menor impacto global respecto a la jurisdicción bonaerense.
La región Centro y Cuyo mostró realidades divergentes. En Santa Fe, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) comunicó un índice general que superó el 70 % a nivel provincial, aunque dentro del mismo territorio hubo distritos particulares como la ciudad de Rafaela, donde la adhesión se ubicó en un 25 %. En Mendoza, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) optó por no sumarse a la huelga, por lo que las clases se impartieron con normalidad. En San Luis, la respuesta fue minoritaria entre los gremios docentes obligatorios, pese a que el sector universitario acompañó la medida.
En las provincias del Noreste y Noroeste, los porcentajes mostraron coincidencia con los índices pampeanos en varios distritos. Misiones y Catamarca informaron un acatamiento del 95 % a través de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA), respectivamente. En cambio, en Formosa la Agremiación del Docente Formoseño (ADF) adhirió al paro, pero otras organizaciones optaron por dictar clases, generando una adhesión moderada al igual que en la provincia de Chaco.
El sur patagónico también exhibió heterogeneidad. En Neuquén, la medida alcanzó el 95 % de acatamiento a través del gremio provincial. En Tierra del Fuego, la protesta se profundizó con un paro total por tiempo indeterminado llevado adelante por el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF). En Santa Cruz se registró adhesión formal de las entidades locales, en tanto que en Río Negro la jornada transcurrió con movilizaciones y un acatamiento menor en las aulas.
Continúan las protestas en Buenos Aires y la Ciudad
El calendario de reclamos sindicales continuará durante la jornada del martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el territorio bonaerense, sectores disidentes agrupados en la Lista Multicolor de Suteba y en otras organizaciones independientes anunciaron la extensión de la medida de fuerza para completar 48 horas ininterrumpidas de protesta escolar.
Asimismo, la dirigencia sindical confirmó que en la Ciudad de Buenos Aires también se registrará un paro de 24 horas durante el martes, convocado por el gremio Ademys. En la capital del país, la medida suma al reclamo salarial y de infraestructura el rechazo formal al reciente decreto emitido por la administración de Jorge Macri que promueve reformas en el Estatuto Docente.