dPosta – El presidente Javier Milei confirmó una reunión con el equipo económico para definir las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El objetivo principal del Gobierno es penalizar la emisión monetaria sin respaldo utilizada para financiar el déficit.
El encuentro se realizará en Olivos con la participación de los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del BCRA, Santiago Bausili.
El jefe de Estado aseguró que delinearán el formato definitivo de la iniciativa. “Hoy nos juntamos a delinear el formato final de la reforma de la Carta Orgánica”, señaló, indicando que la versión unificada del proyecto dotará a la política económica de objetivos claros.
La nueva normativa prohibirá explícitamente y establecerá sanciones penales para quienes violenten la independencia de la autoridad monetaria financiando al Tesoro. Desde la perspectiva oficial, emitir para asistir al fisco constituye una estafa. Milei argumentó que la estafa y la falsificación de moneda son delitos penales, por lo que evalúan utilizar la legislación vigente para sancionar estas prácticas.
Esta reforma se interrelaciona con otras legislaciones impulsadas por el Gobierno, como la ley de mercado de capitales, regulaciones fiscales y normativas del mercado de seguros.
El “shutdown” o cierre del Estado
En simultáneo, el presidente explicó que el Gobierno avanza en medidas para limitar el gasto y reforzar la disciplina fiscal, ya que la política monetaria no puede funcionar aislada del control presupuestario.
El Ejecutivo trabaja en un mecanismo legal para que, si se agota el presupuesto asignado, se detenga automáticamente el funcionamiento estatal. “Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, sentenció. El propósito es que el sector público opere de forma similar al “shutdown” implementado en Estados Unidos ante la falta de fondos.
Los motivos detrás de la reforma
La iniciativa busca revertir los cambios introducidos en la Carta Orgánica durante 2012, bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Se modificó el artículo 3, cuyo objetivo esencial era “preservar el valor de la moneda”, otorgándole un mandato múltiple: “Promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
El propósito fue que el Banco Central asumiera responsabilidades sobre el crecimiento económico y el empleo, funciones propias de otras áreas estatales.
Un efecto significativo de la ley fue la flexibilización del artículo 20, que regula los adelantos transitorios, permitiendo al BCRA asistir al Tesoro. Antes de la reforma, los adelantos tenían un plazo máximo de 12 meses y no superaban el 12% de la base monetaria, con un margen de un 10% adicional correspondiente a la recaudación anual del Gobierno.
La normativa de 2012 elevó esos límites, sumó otro 10% de recaudación para excepciones y eliminó la asignación para pagar a organismos multilaterales, permitiendo destinar los adelantos al gasto corriente. La entidad comenzó a girar más fondos al Gobierno, obligando al BCRA a emitir títulos para absorber pesos y contener la inflación, lo que derivó en un aumento sostenido de sus pasivos remunerados.
Finalmente, la reforma de 2012 subordinó al Banco Central a las políticas del Gobierno, reduciendo su autonomía. La propuesta actual busca restaurar esa independencia y restringir definitivamente la emisión monetaria, la cual fue utilizada durante la última década para financiar el déficit de las cuentas públicas.