dPosta – El debate legislativo en torno a las reformas estructurales que impulsa el Gobierno nacional sigue generando fuertes repercusiones en el interior del país. En este escenario, el senador nacional Daniel Bensusán cuestionó con dureza el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviado al Senado y advirtió que la iniciativa, sumada a las modificaciones sobre la Ley de Glaciares, atenta contra la soberanía nacional y las economías regionales.
El parlamentario pampeano hizo especial hincapié en la fragilidad en la que se encuentra la provincia respecto de sus recursos hídricos superficiales y apuntó al impacto negativo que sufrirían las cuencas locales si estas normativas avanzan en el Congreso de la Nación. “Van de la mano en liquidar recursos naturales, soberanía y economías regionales. Modificar la Ley de Tierras empeorará lo frágil que ya dejaron a La Pampa, perjudicando el uso de los ríos Colorado y Atuel”, sostuvo el legislador nacional.
De acuerdo con Bensusán, la propuesta busca habilitar “sin límites” la compra de inmuebles rurales por parte de capitales extranjeros. El senador ejemplificó que, bajo este nuevo marco legal, Mendoza podría vender tierras con glaciares a firmas internacionales para actividades que demanden un alto consumo hídrico. “Eso limitaría cursos de agua como el río Colorado y dejaría sin riego a emprendimientos de Gobernador Duval, Casa de Piedra o 25 de Mayo. Incluso podría afectar el abastecimiento del Acueducto del Río Colorado”, alertó.
En la misma línea, recordó el histórico conflicto por la cuenca del Atuel como un reflejo de lo que podría suceder. “Los pampeanos ya padecemos la desertificación de nuestro oeste por el corte del Atuel. Mientras Mendoza utiliza ese curso de agua para actividades turísticas y de riego, acá solo hay sequedad. No debemos permitir que ocurra lo mismo con el Colorado”, expresó con preocupación.
Finalmente, el legislador rechazó los argumentos oficiales sobre los supuestos beneficios económicos de la desregulación, insistiendo en que el texto desmantela las herramientas de protección ambiental e infraestructura. “Debe existir una regulación del Estado que garantice la soberanía sobre la tierra y recursos estratégicos como el agua. No se busca mejorar las condiciones para atraer inversiones ni fortalecer a las provincias y las economías regionales. Lo que se pretende es dejar vía libre para que capitales extranjeros se queden con nuestros recursos naturales”, concluyó.