dPosta – La jueza de audiencia de juicio de General Pico, María José Gianinetto, condenó a un hombre de 53 años a ocho meses de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en perjuicio de sus dos hijos adolescentes.
Además de la pena, la magistrada le impuso una serie de reglas de conducta por el plazo de dos años. Entre ellas, deberá fijar domicilio y comunicar cualquier cambio al juez competente, someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras y Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la Ley Penal, y realizar un tratamiento psicológico orientado a eliminar conductas violentas hacia sus hijos, previo informe profesional que determine su necesidad y eficacia.
El juicio se desarrolló el pasado 27 de mayo con la intervención del fiscal Guillermo Komarofky y el defensor oficial Guillermo Costantino.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 15 de febrero de 2024 en el ámbito familiar. Todo comenzó cuando la madre de los adolescentes intentó quitarle el teléfono celular a su hija y se produjo un forcejeo. En ese contexto, el imputado intervino, tomó a la joven del brazo y la arrastró hasta su habitación, mientras continuaban los insultos hacia los hijos.
Posteriormente, el hombre se dirigió a la habitación de su hijo adolescente, quien se encontraba recostado en la cama. Allí lo tomó de una pierna a la altura de la rodilla y se la torció, provocando que cayera al suelo.
Como consecuencia de estas agresiones, la adolescente sufrió excoriaciones en el brazo derecho, mientras que el joven presentó lesiones en el antebrazo y la rodilla, incluyendo edema y hematomas.
Durante los alegatos finales, el fiscal solicitó una condena de ocho meses de prisión condicional y reglas de conducta por dos años. La defensa, en cambio, pidió la absolución por el delito imputado y propuso que los hechos fueran encuadrados como lesiones culposas, con la aplicación de una multa mínima.
Sin embargo, la jueza consideró plenamente acreditada la acusación fiscal y calificó como “justo y razonable” imponer la pena solicitada.
Al momento de fijar la sanción, Gianinetto valoró como atenuantes la ausencia de antecedentes condenatorios del acusado y su condición de sostén económico del grupo familiar. No obstante, ponderó como agravantes el contexto de violencia generado por el propio imputado y las consecuencias psicológicas que los hechos provocaron en los adolescentes.
La magistrada también destacó la importancia del tratamiento psicológico ordenado, al considerar que puede contribuir a que el condenado reflexione sobre sus conductas y modifique su relación con sus hijos, además de representar una forma de reparación para las víctimas, quienes habían manifestado ese objetivo desde el inicio del proceso.