dPosta – Las clínicas y sanatorios privados de La Pampa volverán a endurecer su postura frente al PAMI y desde este miércoles dejarán de prestar servicios de guardia a los afiliados de la obra social nacional. La decisión forma parte de un plan de medidas impulsado por entidades de la Patagonia Norte que denuncian un fuerte atraso en los valores que perciben por las prestaciones médicas.
Según explicaron los prestadores, la falta de una recomposición acorde a la evolución de los costos del sector generó un escenario económico cada vez más complejo para los establecimientos privados. Aseguran que los aranceles vigentes quedaron muy por detrás de la inflación acumulada en los últimos años, lo que dificulta sostener la atención en las condiciones actuales.
La medida impactará sobre miles de jubilados y pensionados que reciben cobertura a través de clínicas privadas en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut. Desde las entidades empresarias señalaron que alrededor de 300 mil afiliados dependen de los servicios alcanzados por las restricciones.
Además de la suspensión de las guardias, los prestadores advirtieron que existen procedimientos médicos cuya realización se encuentra seriamente comprometida. Entre ellos mencionaron intervenciones neuroquirúrgicas, prácticas urológicas y estudios endoscópicos, debido al elevado costo de los insumos y materiales requeridos.
El conflicto entre las partes se arrastra desde hace varios meses. En abril, las clínicas habían interrumpido las cirugías programadas que no revestían carácter de urgencia y posteriormente incorporaron nuevas limitaciones mientras aguardaban una propuesta de actualización económica por parte de la obra social.
De acuerdo con el sector privado, durante las últimas negociaciones las autoridades del PAMI plantearon incrementos de aranceles inferiores al 4% para los próximos meses, junto con ajustes específicos en algunas prácticas de diagnóstico. Sin embargo, las cámaras empresarias consideraron insuficiente esa alternativa y sostuvieron que no representa una solución al problema de fondo.
Los prestadores afirman que desde fines de 2023 los valores abonados por la obra social aumentaron cerca de un 130%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período superó ampliamente ese porcentaje, generando un importante desfasaje entre ingresos y costos operativos.
La disputa se desarrolla en un contexto de crecientes dificultades para el sistema de salud privado, marcado por el aumento de los gastos en medicamentos, equipamiento médico, insumos importados y salarios. Frente a este escenario, las clínicas advierten que la continuidad de algunas prestaciones para los afiliados de PAMI podría verse cada vez más comprometida si no se alcanza un acuerdo en el corto plazo.