dPosta – La investigación por el hallazgo de artefactos explosivos de uso militar en secuestrado por la policía de Pico esta semana continuará en la Justicia Federal de Santa Rosa. Así se determinó esta mañana durante la audiencia de formalización del detenido, presidida por el juez de Control Diego Ambrogetti. El fiscal Juan Cupayolo solicitó la formalización de investigación contra el hombre de aproximadamente 60 años, a quien le imputó el delito de tenencia ilegítima de material explosivo.
En la misma audiencia se determinó la remisión de todas las actuaciones al Juzgado Federal, debido a que este fuero posee la competencia exclusiva para intervenir en delitos que involucran material bélico y de guerra.
A pesar de la gravedad de la imputación, el sospechoso recuperó la libertad y esperará las citaciones del tribunal federal bajo esa condición, debido a que carece de antecedentes penales previos y a que la escala penal prevista para este delito permite la excarcelación.
El caso penal se originó a partir de dos procedimientos policiales coordinados por el Ministerio Público Fiscal, tras detectarse dispositivos con plena capacidad de detonación en sectores poblados.
El primer episodio se desencadenó el pasado domingo en el barrio Malvinas, en las cercanías de un establecimiento educativo, donde un adolescente de 14 años fue retenido mientras manipulaba una granada de mano. El procedimiento policial de urgencia derivó en el secuestro del artefacto, el cual debió ser trasladado hacia dependencias del Ejército Argentino para realizar una detonación controlada veinticuatro horas más tarde.
A raíz de ese suceso, las tareas de investigación para determinar la procedencia de la granada condujeron a un allanamiento en un domicilio del barrio San Etelvino. En esa propiedad, las fuerzas de seguridad incautaron un proyectil de mortero completo que conservaba su carga activa y cuyo uso está restringido a las fuerzas armadas. Al igual que en el primer hecho, los especialistas debieron trasladar e inutilizar el proyectil en instalaciones militares.
Las autoridades continúan investigando si el imputado posee o tuvo en algún momento un vínculo con el Ejército, al tiempo que advirtieron sobre el severo peligro de acopiar elementos de guerra en viviendas particulares.