dPosta – La presidenta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (Ipav), Erica Riboyra, expuso ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante su intervención, detalló el impacto económico y social que provocó la decisión del Gobierno nacional de retirarse del financiamiento de la obra pública habitacional al comienzo de la actual gestión. La funcionaria describió este escenario como un desafío sumamente complejo que obligó a la administración provincial a redefinir sus partidas financieras de manera imprevista para evitar la paralización total de los proyectos.
La comitiva pampeana remarcó y lamentó la ausencia del diputado nacional Adrián Ravier (La Libertad Avanza – La Pampa), quien integra dicha comisión legislativa y ha respaldado públicamente los recortes de fondos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Riboyra explicó que la provincia poseía contratos firmados para la construcción de 953 viviendas correspondientes al programa federal Casa Propia, las cuales contaban con el compromiso de financiamiento íntegro por parte del Estado nacional, mientras que el gobierno provincial asumía la ejecución de la infraestructura de servicios básicos. A este cupo se sumaban otras 636 unidades habitacionales del programa Procrear, totalizando más de 1.600 hogares afectados.
La paralización de estas estructuras impactó de forma directa en los municipios, pequeñas y medianas empresas constructoras y comercios locales de materiales. La funcionaria advirtió que la interrupción abrupta dejó a una cantidad significativa de trabajadores desempleados de un día para el otro. Asimismo, remarcó que las familias que perdieron el acceso a la vivienda social no encontraron alternativas viables en el mercado inmobiliario tradicional ni a través del crédito hipotecario privado. Las 953 viviendas del Casa Propia se distribuían en 18 localidades y empleaban a 13 empresas pampeanas, mientras que el Procrear afectaba a tres comunas y cinco firmas.
Ante la falta de remisión de las partidas, el Gobierno de La Pampa resolvió absorber los costos y asumir el financiamiento de las obras con recursos propios. Riboyra informó que, mediante una política de equilibrio fiscal, la provincia completó el 71% de las casas del programa Casa Propia. No obstante, subrayó la asimetría del esfuerzo financiero realizado para sostener los contratos: por cada vivienda terminada, el Estado nacional aportó un peso, mientras que la administración provincial debió invertir nueve pesos.
Más allá de reactivar los planes nacionales paralizados, la Provincia avanzó con planes habitacionales propios y lanzó el programa “Llegar a Casa”, destinado a familias con terreno que requieren financiamiento para edificar. En el cierre de su discurso, la titular del Ipav defendió el rol del sector público y afirmó que cuando el Estado se retira, el mercado inmobiliario no resuelve la demanda. Concluyó que la vivienda posee un valor estratégico de desarrollo humano y convocó al Congreso a diseñar un proyecto federal inclusivo.