dPosta – Trabajadores y profesionales de la agencia local de PAMI de General Pico denuncian una situación insostenible de violencia laboral, maltrato cotidiano y persecución ideada por la conducción de la delegación. La gravedad del clima laboral ha vaciado áreas críticas del Centro de Atención al público, dejando la atención de los jubilados en una situación de extrema vulnerabilidad. Además, afirman que la jefa de la dependencia podría estar direccionando servicios para favorecer a un negocio familiar.
La situación no es nueva, a partir de los cambios implementados por la administración nacional ya hubo denuncias por la hostilidad en el trato cotidiano de los nuevos jefes a los trabajadores de la dependencia. Pero, según indicaron desde la sede de calles 20 y 5, actualmente se registra un porcentaje inédito del personal bajo licencia psiquiátrica prolongada, otorgada por diferentes especialistas de General Pico y Santa Rosa debido a cuadros severos de estrés y ansiedad.
La ola de licencias de personal de carrera incluye renuncias efectivas de profesionales médicos y administrativos que manifestaron la imposibilidad de retornar a sus puestos bajo las condiciones actuales de hostigamiento.
Según fuentes internas que pidieron permanecer en anonimato por temor a represalias directas, la jefatura de la agencia —a cargo de una profesional sin experiencia laboral previa— impone de manera sistemática criterios personales por encima de las normativas internas y resoluciones vigentes del instituto. Quienes se desempeñan en la oficina señalan que, ante cualquier disidencia o consulta técnica, la respuesta patronal se limita a amenazas de sanciones o invitaciones abiertas a la renuncia.
Sin respuestas
Los afectados ya recurrieron a la Dirección de Recursos Humanos de PAMI para activar los protocolos correspondientes ante situaciones de violencia laboral. Sin embargo, las respuestas institucionales consistieron en presiones para firmar “consentimientos de convivencia” en buenos términos, minimizando las denuncias de maltrato sistemático.
Ante el rechazo de los trabajadores, los expedientes fueron derivados a asesoría legal y recursos laborales, sin que hasta el momento se apliquen medidas de resguardo para las víctimas.
Las juntas médicas del organismo a nivel central han manifestado su incertidumbre respecto a los plazos de autorización de las licencias, mientras que el 80% del personal local restante asiste a cumplir tareas con un profundo temor a perder su fuente de trabajo en un contexto socioeconómico complejo.
Al mismo tiempo, los denunciantes advierten sobre un presunto “blindaje político” de la funcionaria a cargo, debido a su rol partidario activo como vicepresidenta de La libertad Avanza en la provincia, lo que explicaría la inacción de las autoridades centrales de PAMI para intervenir la agencia.
Frente a la parálisis interna del organismo, los trabajadores damnificados confirmaron que realizarán presentaciones formales ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo, para exigir el cese inmediato del hostigamiento y garantizar el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia.
Negocios incompatibles
A la grave denuncia de maltrato laboral que en el último tiempo diezmó la agencia piquense del PAMI, desde la misma dependencia apuntaron a una presunta incompatibilidad funcional, que se traduciría en el direccionamiento de fondos para favorecer un negocio familiar.
La Jefa de la oficina local, Sofia Mascaró de Garate (foto), es hija directa de un reconocido cardiólogo de General Pico y de una médica propietaria del Instituto de Diagnóstico por Imágenes (DIM), el más reconocido de la ciudad, siendo ambos importantes prestadores activos de la obra social PAMI.
La situación genera una abierta contradicción con la Ley de Ética Pública, dado que la funcionaria tiene bajo su órbita la gestión, auditoría y control de las prestaciones y derivaciones que benefician directamente al patrimonio de su núcleo familiar, lo que explicaría el sistemático hostigamiento hacia el personal administrativo médico de carrera que intenta aplicar los reglamentos vigentes.