dPosta – La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de la provincia presentó el Boletín Estadístico 2025, un documento elaborado por su Observatorio que sistematiza los registros de organismos públicos para trazar un mapa actualizado de las desigualdades y las violencias en territorio pampeano. Los resultados de este ciclo exponen una realidad dual: mientras las intervenciones directas por situaciones críticas de violencia crecen, la judicialización de los conflictos muestra un descenso significativo.
El dato más alarmante del informe reside en la caracterización de la asistencia. El equipo técnico de la Secretaría confirmó un cambio en el perfil de la demanda: hoy, el 80% de las intervenciones corresponden a hechos de violencia, desplazando a las consultas de asesoramiento general que representan el 20% restante. Esta tendencia marca un endurecimiento del escenario respecto al año 2024, cuando la proporción de violencia era del 70%.
El desglose de las modalidades de agresión permite observar la complejidad del fenómeno:
- Violencia psicológica: Presente en el 65% de los casos asistidos.
- Violencia económica y patrimonial: Registrada en un 49%, evidenciando la vulnerabilidad financiera como método de control.
- Violencia física: Alcanza el 45% de los reportes.
- Ámbito doméstico: Representa el escenario del 97% de los ataques, confirmando que el hogar sigue siendo el espacio de mayor riesgo.
En contraposición a este aumento en la demanda de auxilio, el sistema judicial reportó una baja en el ingreso de expedientes. En 2025 se registraron 868 causas, una cifra sensiblemente inferior a las 1.097 de 2024 y las 1.005 de 2023.
El Boletín también arroja luz sobre otras herramientas de gestión estatal. El Registro Provincial de Deudores Alimentarios cerró el año con 403 personas inscriptas, lo que refleja la persistencia del incumplimiento de las obligaciones parentales como una forma de violencia económica. En términos de prevención, la Ley Micaela capacitó a 3.665 personas en perspectiva de género, buscando transformar la sensibilidad del sector público.
Como conclusión, los datos de 2025 sugieren que la violencia de género se ha vuelto más explícita y frecuente en las consultas de emergencia, pero menos canalizada a través de la Justicia tradicional. El aumento de la violencia psicológica y económica refuerza la necesidad de abordajes integrales que no dependan exclusivamente de la sanción penal, sino del fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.
La estadística oficial, como señaló la secretaria Gabriela Labourie, se convierte así en una herramienta de diagnóstico urgente para evitar que la baja de causas judiciales se malinterprete como una mejora social, cuando en realidad la demanda asistencial indica lo contrario.