dPosta – La Legislatura de la provincia de La Pampa vivió este jueves una jornada definitoria para el futuro de su matriz energética y económica. En sesión ordinaria que se extendió hasta la tarde, los bloques del Frejupa, la UCR y gran parte del PRO-MID sancionaron dos leyes fundamentales que despejan la incertidumbre sobre El Medanito, el área hidrocarburífera más relevante de la provincia.
Ante el inminente vencimiento de la concesión actual, el acuerdo parlamentario asegura que la producción de crudo y gas no se detendrá, protegiendo ingresos fiscales y cientos de puestos de trabajo.
El paquete legislativo aprobado aborda dos frentes críticos. Por un lado, la transición operativa inmediata y, por el otro, el marco normativo para una nueva concesión por los próximos 25 años. La urgencia no era menor: el 18 de junio finaliza el contrato de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), y sin este andamiaje legal, el yacimiento corría el riesgo de quedar paralizado a partir del día siguiente, con las consecuencias sociales y financieras que ello implicaría para La Pampa.
La transición
La primera de las leyes, aprobada con 26 votos a favor, establece un esquema de transición que entrará en vigencia el 19 de junio. Durante un plazo máximo de ocho meses, la empresa estatal Pampetrol SAPEM asumirá la titularidad del área. Debido a que la firma estatal no posee actualmente la capacidad técnica propia para operar de forma integral un yacimiento de esta magnitud, la ley la faculta —y obliga, a pedido de la oposición— a realizar una licitación exprés para contratar a una empresa operadora que brinde la asistencia técnica necesaria durante este interinato.
Este punto fue uno de los más discutidos en las semanas previas. Finalmente, el oficialismo cedió en reducir los plazos de la transición (que originalmente se planteaban de hasta dos años) y en asegurar que la contratación de la operadora técnica sea transparente. El respaldo a esta medida fue casi total, con la excepción de los legisladores de Comunidad Organizada y dos diputadas del PRO, quienes mantuvieron sus reparos sobre la gestión estatal.
Nueva licitación
La segunda ley, que obtuvo un consenso aún más amplio con 28 votos, fija las reglas para la nueva licitación pública internacional, que deberá convocarse en un plazo no mayor a 60 días. Tras el fracaso de la licitación del verano pasado, que quedó desierta, los legisladores optaron por condiciones más competitivas y realistas frente al contexto nacional e internacional.
El nuevo esquema establece regalías del 15% más un componente variable denominado “X”, propuesto por los oferentes, que puede ser negativo hasta un 5%. En comparación, el pliego anterior exigía regalías de entre el 15% y el 20%. Asimismo, el bono de ingreso se fijó en 25 millones de dólares (con una fluctuación permitida de hasta 5 millones hacia abajo), lo que representa una reducción significativa frente a los 50 millones exigidos meses atrás. Estas modificaciones buscan atraer a las grandes operadoras del sector, ofreciendo una ecuación económica más atractiva para un yacimiento maduro.
Impacto en municipios y energía renovable
Un aspecto destacado del acuerdo es el destino de los fondos del bono de ingreso. El 50% de estos recursos será coparticipado de forma directa entre los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia. Según la letra de la ley, la mitad de lo recibido por las comunas deberá invertirse obligatoriamente en infraestructura y bienes de capital, mientras que el resto será de libre disponibilidad. La distribución se realizará mediante un sistema combinado que contempla los índices de coparticipación vigentes, el Fondo Complementario y el Fondo Adicional por Población.
El 50% restante del bono quedará bajo órbita provincial, pero con un destino específico: financiar proyectos de generación de energía renovable. Esta cláusula refuerza la política de transición energética de la provincia, utilizando la renta petrolera para desarrollar fuentes de energía más limpias y sostenibles a largo plazo.
Reaseguro político y laboral
Para la oposición, la incorporación del plazo de 60 días para el llamado a licitación funcionó como un reaseguro político. El objetivo es garantizar que, antes de que finalice el año, El Medanito ya cuente con una operadora definitiva y un plan de inversiones a largo plazo. En el trasfondo de esta urgencia se encuentran los 400 empleos directos que dependen de la actividad en el área, ubicada cerca de 25 de Mayo, y que representa cerca del 10% de los ingresos totales de la provincia.
Con la sanción de estas leyes, el Gobierno provincial y la mayoría de los bloques legislativos enviaron una señal de previsibilidad al sector hidrocarburífero, cerrando un proceso de debate que, aunque tenso, priorizó la continuidad productiva del principal motor energético pampeano.