dPosta – La Pampa se enfrenta a un invierno de incertidumbre. El reciente proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, bajo la firma de Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni, ha encendido las alarmas en cada rincón de la provincia. No se trata solo de un cambio administrativo; es un golpe directo a la economía doméstica pampeana. El eje del conflicto reside en la modificación de la Ley 27.637, el marco normativo que hasta hoy garantiza un descuento del 50% en las tarifas de gas por el régimen de “Zona Fría”.
La propuesta oficialista busca eliminar la garantía legal de esos porcentajes de descuento, dejando el beneficio a merced de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Para los 136 mil hogares pampeanos que hoy dependen de este subsidio para afrontar los crudos inviernos del sur, esto significa pasar de un derecho adquirido a una concesión variable.
La seguridad jurídica, que permitía a las familias proyectar sus gastos anuales, se desvanece en favor de un esquema centralizado que el Gobierno justifica por la crisis del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. Según el texto oficial, el recargo del 7,5% que financia este fondo es insuficiente, lo que ha generado deudas con las distribuidoras y tensiones en la cadena de pagos.
Sin embargo, el perjuicio no termina en la discrecionalidad. El proyecto introduce una “trampa técnica” en la base de cálculo: el subsidio ya no se aplicaría sobre la tarifa total de la factura, sino únicamente sobre el precio del gas en boca de pozo. Al excluir los costos de transporte y distribución —componentes que representan una parte sustancial del monto final—, el descuento real se licúa.
En la práctica, aunque un usuario mantenga formalmente un beneficio porcentual, el monto a pagar será significativamente más alto, ya que deberá abonar la totalidad de los servicios logísticos que llevan el recurso hasta su hogar.
El escenario político en el Congreso se anticipa complejo. El oficialismo necesita el respaldo de bloques como la UCR para avanzar, pero el impacto territorial de la medida —que también afecta a zonas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe— genera resistencias.
Mientras el Ejecutivo intenta suavizar el golpe con una bonificación extraordinaria del 75% para sectores vulnerables en mayo, el trasfondo es claro: un ajuste que redefine la relación entre el Estado y las provincias productoras y consumidoras de energía, poniendo en jaque el bienestar de miles de pampeanos.