dPosta – El escenario energético en Argentina vuelve a crujir tras la decisión del Gobierno nacional de aplicar un nuevo ajuste sobre los impuestos que gravan la nafta y el gasoil. Mediante el Decreto 302/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial, la administración central determinó una actualización parcial de los montos fijos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).
Esta medida, que responde a la necesidad de actualizar valores rezagados, se traduce de forma inmediata en un incremento en los precios finales que pagan los consumidores en todo el país.
En la provincia de La Pampa, el impacto se siente con especial dureza en el bolsillo de los conductores. Hace menos de una semana, la nafta Súper en las estaciones de servicio de la red YPF ya había registrado una suba que la llevó a los $1.700 por litro. Con este panorama, los valores actuales en la provincia exponen una realidad crítica para el transporte y la logística local: llenar un tanque promedio de 50 litros ya demanda una inversión superior a los $85.000. Este encarecimiento ocurre a pesar de las promesas oficiales de estabilizar los precios en un mercado internacional condicionado por la volatilidad del petróleo debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente.
La normativa nacional establece que, para el mes de mayo, el costo impositivo trepa $10,398 por litro en el caso de las naftas, mientras que el gasoil sufre un recargo de $9,269 bajo el concepto de ICL. Si bien el Ejecutivo decidió desdoblar el aumento para evitar un “shock” inflacionario mayor en un solo mes, difiriendo el resto de la actualización para junio, el golpe a la economía doméstica es inevitable. Para La Pampa y el resto de la región patagónica, el decreto contempla un tratamiento diferencial, aunque esto no logra compensar la escalada generalizada de los insumos básicos.
El argumento oficial para este esquema de incrementos “goteados” es la búsqueda de un sendero fiscal sostenible que no asfixie por completo el crecimiento económico. Sin embargo, la estrategia de postergar actualizaciones plenas —que en 2025 significó una pérdida de recaudación de US$2.326 millones— parece haber llegado a un límite de sostenibilidad fiscal, obligando al Gobierno de Javier Milei a retomar el cronograma de aumentos impositivos en un momento donde la inflación sigue siendo la principal preocupación de los pampeanos.