dPosta – Tras cumplirse los plazos legales, el Gobierno nacional oficializó la promulgación de la Ley N° 27.804, que modifica el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares. La respuesta de La Pampa no se hizo esperar: en los primeros minutos de la jornada, la Fiscalía de Estado presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar una normativa que consideran inconstitucional y una amenaza directa para el abastecimiento de la población.
La reforma, oficializada mediante el Decreto 271/2026, introduce un cambio de paradigma que preocupa a las provincias aguas abajo. El núcleo de la controversia es la transferencia de competencias a las jurisdicciones cordilleranas, otorgándoles la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para definir qué áreas proteger. Esto rompe con la uniformidad de la ley de 2010, que consideraba a estos ecosistemas como bienes públicos estratégicos con estándares nacionales rígidos.
Para el Gobierno de Sergio Ziliotto, este nuevo esquema debilita la protección ambiental y abre la puerta a actividades mineras en zonas sensibles que antes estaban vedadas. El mandatario fue tajante al señalar que la provincia no se opone a la minería, sino a aquella que se prioriza por sobre el acceso humano al agua. El riesgo es concreto: la degradación de los glaciares en la Cordillera podría alterar el caudal del río Colorado, fuente de agua para el 70 por ciento de los pampeanos.
Ofensiva judicial y política
La presentación judicial fue impulsada por la fiscala de Estado, Romina Schmidt, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. No se trató de una acción aislada del Ejecutivo; la demanda cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El planteo exige la nulidad absoluta de la ley y solicita una medida cautelar que suspenda su aplicación de inmediato.
El expediente se encuentra ahora en manos del juez federal Juan José Baric, quien ya remitió la presentación a la fiscala Iara Silvestre para que dictamine sobre la competencia del tribunal. Se espera que la próxima semana se defina si la causa tramitará en la provincia o si, dada la magnitud del conflicto interjurisdiccional, deberá ser resuelta directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.