dPosta – A través de la Resolución 336/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la firma de la ministra Alejandra Monteoliva, autorizó la implementación de un nuevo sistema tecnológico destinado a la detección y bloqueo de dispositivos de comunicación móvil en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La normativa surge como una respuesta directa a la proliferación de organizaciones criminales que han transformado las celdas en centros operativos para la planificación y ejecución de maniobras ilícitas fuera de los muros de las prisiones.
El eje central de esta medida radica en la necesidad de desarticular el fenómeno del “call center carcelario”. Diversas investigaciones judiciales han demostrado que el acceso a teléfonos celulares permite a los reclusos mantener el control de bandas externas, coordinar robos, proferir amenazas y, fundamentalmente, ejecutar estafas telefónicas a gran escala. Según los considerandos de la resolución, resulta imperativo impedir que los miembros de organizaciones criminales alojados en penales federales utilicen estas herramientas para continuar con su actividad delictiva.
Otro sistema
A diferencia de las tecnologías aplicadas hasta el momento, la nueva estrategia se basa en la identificación y anulación puntual de equipos. Los antiguos inhibidores de señal solían generar conflictos con las comunidades vecinas a los penales, ya que la saturación de frecuencias afectaba a los ciudadanos civiles que vivían en las inmediaciones. La nueva reglamentación establece que el SPF deberá instalar dispositivos capaces de detectar terminales activas e identificar sus códigos únicos (IMEI e IMSI), permitiendo un bloqueo específico que no interfiera con las áreas externas a los edificios penitenciarios.
Para operativizar esta tecnología, el Gobierno aprobó un “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo”, que define las pautas técnicas y legales del proceso. La implementación será progresiva y requerirá de un monitoreo constante, ya que las bandas criminales suelen adaptar sus métodos ante los avances de los controles estatales.
En este contexto, las áreas técnicas del Ministerio de Seguridad tienen la instrucción de avanzar no solo en la compra e instalación de los equipos, sino también en su mantenimiento periódico para evitar que la obsolescencia técnica deje vacíos en la seguridad. Se cree que todo el procedimiento no será inmediato.
Normativa vigente
El marco legal de esta decisión se apoya en la Ley 24.660. Si bien la normativa vigente garantiza el derecho de los detenidos a comunicarse con sus familiares y abogados a través de canales autorizados y supervisados, prohíbe explícitamente la tenencia y uso de dispositivos móviles personales. La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 había generado un paréntesis de excepcionalidad que permitió el uso de celulares por razones humanitarias, pero las autoridades consideran que dicho beneficio se prolongó de manera injustificada, convirtiéndose en un factor de riesgo para la seguridad pública.
En sintonía con esta política federal, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires también ha ganado terreno el bloque de HECHOS, impulsando iniciativas para restringir el uso de tecnología móvil en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El objetivo compartido es restablecer el orden jurídico y garantizar que la privación de la libertad cumpla con su fin de resguardo social, eliminando la capacidad de daño que hoy las bandas ejercen desde el interior de los pabellones.