dPosta – Las clínicas y sanatorios privados de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut iniciaron este lunes 20 de abril una suspensión de las cirugías programadas para afiliados del PAMI, en el marco de un conflicto que expone el delicado equilibrio económico del sistema de salud en la región.
La decisión fue adoptada por las cámaras que agrupan a los prestadores privados, que vienen advirtiendo sobre un creciente desfasaje entre los costos reales de funcionamiento y los valores que reconoce la obra social nacional. Según señalaron, la falta de actualización de los nomencladores y las demoras en la cobertura de prótesis han generado un escenario “inviable” para sostener la actividad en condiciones normales.
En La Pampa, la medida cuenta con la adhesión de instituciones de peso dentro del sistema sanitario, entre ellas el Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, Clínica Santa Teresita y la Fundación Faerac, lo que anticipa un impacto significativo en la atención de los afiliados.
Si bien la restricción alcanza únicamente a las prácticas quirúrgicas programadas, desde el sector no descartan que el conflicto escale en los próximos días. Advirtieron que, de no mediar una solución, podrían verse afectadas también las prestaciones ambulatorias y los servicios de diagnóstico por imágenes.
Por su parte, desde la conducción central de PAMI reconocieron el reclamo y señalaron que se convocará a los prestadores a una instancia de diálogo, en un contexto que definieron como de “estrés presupuestario”. Sin embargo, hasta el momento no hay precisiones sobre posibles actualizaciones en los valores ni sobre los plazos de resolución.
Mientras tanto, las clínicas aseguraron que mantendrán la atención de urgencias y casos críticos, con el objetivo de evitar una sobrecarga en el sistema de emergencias. El conflicto, no obstante, deja al descubierto las tensiones estructurales que atraviesa el sector, atravesado por el aumento de costos, la dependencia de insumos dolarizados y un esquema de financiamiento que, según denuncian, quedó rezagado frente a la inflación.