dPosta – En un movimiento que amalgama la necesidad de descentralización administrativa con una marcada estrategia de disciplinamiento político, el presidente Javier Milei avanzó con la firma de un decreto que redefine el mapa vial de gran parte de la Argentina. La medida delega en nueve provincias la facultad de operar, mantener y ampliar tramos de rutas nacionales que hoy se encuentran en un estado de abandono crítico. Sin embargo, el anuncio no llegó con un criterio de equidad geográfica o técnica: La Pampa, una de las provincias que venía reclamando el traspaso, quedó deliberadamente fuera del acuerdo.
El escenario planteado por la Casa Rosada bajo el concepto de “federalismo operativo” incluye a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. En estos distritos, los gobernadores —que mantienen una relación de diálogo o de necesidad mutua con el Ejecutivo Nacional— podrán ahora llamar a licitaciones y otorgar concesiones de obra pública.
La Pampa, en cambio, observa desde el margen cómo las rutas que atraviesan su territorio, fundamentales para la conectividad del Mercosur y el tránsito hacia la Patagonia, continúan deteriorándose sin un plan de contingencia a la vista.
El modelo de “pagar para transitar”
La ingeniería del decreto permite que las provincias se hagan cargo de la gestión, pero bajo una condición irrenunciable para el esquema libertario: la Nación no enviará fondos. El financiamiento de las obras de reparación y mantenimiento deberá salir del bolsillo de los usuarios a través del cobro de peajes. Esta “privatización indirecta” de la gestión vial establece que, aunque el Estado nacional mantiene la titularidad de los caminos y la jurisdicción federal, la ejecución queda en manos provinciales por un plazo máximo de 30 años.
La Dirección Nacional de Vialidad conservará funciones de auditoría, pero el riesgo económico y la operatividad recaerán sobre los hombros de los gobernadores. Para provincias como Río Negro o Neuquén, el acuerdo es un alivio a medias: les permite intervenir en rutas peligrosas como la 22 o la 151 para frenar la siniestralidad, aunque deban asumir el costo político de instalar cabinas de cobro en un contexto nacional complejo.
La Pampa, afuera
La exclusión de La Pampa no parece ser un error de cálculo administrativo, sino una decisión política. El gobernador Sergio Ziliotto había presentado un proyecto integral de “sistema de gestión vial estratégica” que abarcaba 1.400 kilómetros, de los cuales 600 corresponden a rutas nacionales bajo un abandono absoluto. Por estas arterias circula el 80% del tránsito vehicular que conecta el centro del país con el sur, incluyendo el transporte pesado que abastece a la región.
Ziliotto no solo pidió las rutas; pidió que el traspaso fuera acompañado por los fondos que la provincia genera a través del impuesto a los combustibles, o bien, que se utilizara la millonaria deuda que la Nación mantiene con La Pampa para financiar los arreglos. La respuesta de Milei fue el silencio y la exclusión.
El ministro de Gobierno pampeano, Pascual Fernández, fue el encargado de poner voz al malestar oficial: “Como siempre, transfieren responsabilidades y se quedan con los recursos”, disparó. Para la administración pampeana, el decreto es una muestra de discrecionalidad que premia a los “gobernadores amigos” y castiga a quienes reclaman lo que por ley les corresponde.
Mientras provincias vecinas como San Luis o Mendoza podrán empezar a planificar obras, La Pampa deberá seguir gestionando el desvío de tránsito hacia sus propias rutas provinciales, que hoy están sobrecargadas y sufriendo un desgaste prematuro por el colapso de las nacionales.
Un tablero de ajedrez vial
El decreto establece plazos perentorios: las provincias beneficiadas tienen un año para lanzar licitaciones y apenas 90 días para adjudicar contratos. Si no cumplen, la Nación retomará el control. Detrás de esta celeridad se esconde la urgencia del ministro de Interior, Diego Santilli, por desactivar una de las bombas de tiempo más peligrosas de la gestión: la “obra pública cero”.
La parálisis total de las obras de infraestructura desde el 10 de diciembre ha convertido a las rutas nacionales en trampas mortales. Los gobernadores, presionados por sus ciudadanos ante el aumento de accidentes, aceptaron el convite de Milei de “hacerse cargo ellos mismos”. Pero en este reparto de cartas, La Pampa se quedó sin juego.
La decisión nacional profundiza la brecha entre el interior y la Capital, y entre las propias provincias. El mensaje es claro: la descentralización no es para todos por igual. Mientras los corredores de las “provincias aliadas” se preparan para una etapa de concesiones y peajes, el asfalto de las rutas nacionales en La Pampa seguirá resquebrajándose, quedando como un monumento a la desidia y a la grieta política que, ahora, también se mide en kilómetros de ruta abandonada.