dPosta – El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que en teoría no cumplen con una función hídrica fehaciente.
Luego de su aprobación exprés en el Senado, la Cámara de Diputados desarrolló un cronograma de trabajo en comisiones que incluyó un discutido formato de audiencia pública dividido en dos fechas que receptó opiniones a favor y en contra de especialistas y distintos actores involucrados en la materia.
Por su extensión limitada, la audiencia pública dejó afuera a miles de inscriptos que querían exponer en vivo sus puntos de vista en la temática, y debieron conformarse con enviar sus ponencias por escrito o a través de un video.
La reforma de Glaciares busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales,
Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no de acuerdo a sus propios criterios, reduciendo la injerencia de la administración central.
Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data de 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla de suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares, pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.
Fuente: N/A