dPosta – Según información adelantada por el Ministerio de Salud, el Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso de la Nación un proyecto para reformar la actual Ley de Salud Mental. El anuncio, realizado inicialmente por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, marca el inicio de un debate legislativo que busca saldar deudas históricas entre la normativa escrita y la práctica asistencial diaria.
El objetivo central de la iniciativa es modernizar el marco normativo para dotar al sistema sanitario de una mayor capacidad de respuesta. Desde el Ministerio de Salud señalaron que la intención es “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”, superando las limitaciones que actualmente dificultan el abordaje de casos de riesgo y emergencias.
Esta reforma no surge de forma aislada: es el resultado de un relevamiento que incluyó aportes de asociaciones de familiares, pacientes, profesionales del sector y actores del ámbito judicial.
Uno de los diagnósticos más críticos que impulsan este cambio es la falta de aplicación uniforme de la ley actual (26.657). Los datos oficiales revelan una fragmentación preocupante: solo 16 jurisdicciones han adherido formalmente a la norma nacional, apenas 18 provincias cuentan con servicios de salud mental en hospitales generales y solo 20 disponen de camas de internación específicas.
Esta disparidad geográfica genera una desigualdad profunda en el acceso a la atención, dependiendo del lugar de residencia del paciente.
Precisión técnica y nuevos criterios de riesgo
El proyecto introduce cambios terminológicos que no son meramente semánticos, sino que tienen un impacto directo en la práctica clínica. Se propone reemplazar el término “padecimiento mental” —considerado por las autoridades como ambiguo— por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). De este modo, se incorpora el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento”, buscando una mayor precisión técnica que facilite el diagnóstico y el tratamiento.
Asimismo, se redefine el criterio de riesgo. La nueva propuesta se enfoca en la “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. A diferencia de la normativa vigente, este nuevo enfoque permitirá evaluar el contexto y los antecedentes del paciente, habilitando intervenciones preventivas más eficaces antes de que ocurra un evento trágico.
Internaciones: agilidad y seguridad jurídica
El punto más sensible del debate, las internaciones, también experimentará cambios significativos. Si bien se mantiene el carácter excepcional de la internación, el proyecto faculta al médico psiquiatra para indicar una internación involuntaria en casos de urgencia. Esta decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas.
Además, se agilizan los tiempos legales: el plazo de notificación judicial se extenderá de diez a veinticuatro horas, buscando un equilibrio entre la celeridad médica y el control jurídico. En el caso de las internaciones voluntarias, se introduce una cláusula de resguardo: si un paciente solicita su alta pero el equipo médico considera que su capacidad de decisión está seriamente afectada y existe riesgo, la internación podrá convertirse en involuntaria con la debida notificación a la Justicia.
El rol de los hospitales monovalentes
La nueva ley reconoce una realidad que la normativa de 2010 no logró resolver: el cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos (monovalentes). El Gobierno sostiene que la desmanicomialización absoluta ha encontrado límites infranqueables por la falta de infraestructura y personal en los hospitales generales. Actualmente, Argentina cuenta con 30 instituciones públicas especializadas y al menos 139 privadas que cumplen un rol esencial.
En lugar del cierre compulsivo, la propuesta apuesta por fortalecer una red de atención niveles de complejidad. Esta red integrará hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas. El foco estará puesto en la adecuación de las instituciones existentes para que cumplan con estándares de dignidad y seguridad, en lugar de su desaparición.
Control y transparencia de datos
Finalmente, la reforma busca potenciar el control estatal. Se prevé el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental (RESAM) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Estas herramientas permitirán al Estado conocer con exactitud la cantidad de camas disponibles y la población internada en tiempo real.
Además, se ampliará la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando a la Dirección Nacional de Salud Mental y a la SEDRONAR. Con esto, se busca que la supervisión del sistema tenga un perfil más técnico y federal, garantizando que los derechos de los pacientes se respeten en cada rincón del país.