dPosta – La Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012.
Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.
El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.
Según la juez Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Economía, Axel Kicillof.
La historia de la demanda
El origen de la causa judicial por la nacionalización de la petrolera YPF tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.
En aquel momento, se redactó un estatuto social que incluía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios, que establecía que cualquier entidad o persona que adquiriera el control de la compañía (más del 51% de las acciones) debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a todos los socios restantes, pagando un precio predeterminado por fórmula.
En 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes en su mayoría a la española Repsol.
El argumento de la defensa argentina en aquel momento, liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue que la ley de expropiación, al ser una norma de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados de la empresa.
En consecuencia, los accionistas minoritarios no recibieron oferta alguna por sus papeles.
En 2015, el fondo Burford Capital adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado en España tras la nacionalización al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de YPF.
Burford, junto con el fondo Eton Park, demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.
Tras años de idas y vueltas sobre la jurisdicción (Argentina pretendía que el juicio se hiciera en Buenos Aires), la jueza Loretta Preska determinó en marzo de 2023 que el país era responsable por incumplimiento de contrato.
En septiembre de ese mismo año, la magistrada fijó el monto de la sentencia en US$16.100 millones de dólares, basándose en la fecha en que Argentina tomó el control de la empresa (16 de abril de 2012) y aplicando una tasa de interés retroactiva del 8% anual: daños principales: US$ 8.400 millones e intereses devengados: US$ 7.600 millones.
La jueza eximió de responsabilidad a la empresa YPF S.A., cargando la totalidad de la deuda sobre el Estado Nacional. Argentina apeló esta decisión ante el Segundo Circuito, argumentando que la jueza interpretó erróneamente el derecho local y violó la inmunidad soberana.
Tras el primer fallo de Preska, Burford inició un proceso de Discovery, por el cual pretendía detectar activos de la Argentina que fueron sujetos a embargos para cobrar el fallo.
Hace dos semanas la misma Cámara de Apelaciones ordenó frenar estos procesos y ahora anuló el fallo de la jueza.
Fuente: N/A